Tras los dos días más violentos del año, las autoridades de El Salvador se encuentran reexaminando la propuesta de imponer un impuesto para financiar una iniciativa de seguridad, en un intento de corregir años de poca inversión estatal en la prevención del crimen.
Según estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, 42 personas fueron asesinadas el 17 de agosto, lo que lo convierte en el día más violento del presente año, informó El Diario de Hoy.
Esa fecha es el segundo día consecutivo con un pico en los récords de homicidios en el año: 40 personas fueron asesinadas el 16 de agosto, de las cuales 11 fueron identificadas como pandilleros.
Según El Mundo, la violencia generó el escenario ideal para el anuncio de Medardo González —secretario general del partido político Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)— para replantear la posibilidad de implementar un impuesto que ayude a financiar iniciativas de seguridad del gobierno.
Estas declaraciones fueron replicadas por Franzi Hato Hasbún, comisionado de seguridad, quien afirmó que el gobierno tiene “escasos recursos” para implementar “El Salvador Seguro”, la nueva estrategia de seguridad, la cual el gobierno estima tendrá un costo de US$2.100 millones en los próximos cinco años. Hasbún afirmó que las autoridades están explorando nuevas fuentes de financiación.
Según El Mundo, el debate se centra en la creación de un impuesto para los grandes capitales, parecido al aplicado en Colombia en 2002 bajo la presidencia de Álvaro Uribe, para financiar la lucha contra los grupos guerrilleros en el país.
Análisis de InSight Crime
El Salvador Seguro se enfoca principalmente en prevenir la violencia (como en educación, capacitación laboral, etc…), con una asignación estimada de cerca de US$1.500 millones para reforzar estos aspectos en los próximos cinco años. Sin embargo, estos programas requieren inversión sostenida a largo plazo, y el gobierno salvadoreño tiene un débil historial de compromiso en gasto social.
No obstante, la propuesta del impuesto sucede en un momento de crisis en El Salvador, tal vez una de las pocas ocasiones en las que una propuesta de este tipo podría conseguir pasar en el congreso. La escalada de violencia ha sido constante a lo largo de todo 2015, que tal vez sea el año más sangriento en El Salvador desde el fin de su cruenta guerra civil.
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Las dos mayores pandillas de El Salvador —la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18— han alimentado este baño de sangre, usando la violencia entre ellos mismos y contra las fuerzas de seguridad para presionar la reimplementación de la fallida tregua de pandillas. Las fuerzas de seguridad han respondido con la misma moneda, y hay evidencias de que algunos agentes de policía han participado en ejecuciones extrajudiciales de presuntos miembros de pandillas.
Por su parte, el gobierno ha rehusado participar en negociaciones con las pandillas, y está desesperado en encontrar una solución para el agravamiento de la situación de seguridad, a corto y largo plazo. Con este fin, en junio se propuso imponer un nuevo impuesto de seguridad para financiar la lucha contra las pandillas y el crimen, lo cual continúa siendo un tema espinoso entre los líderes políticos y empresariales del país.
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