Funcionarios de El Salvador acordarían extender las "medidas extraordinarias" para luchar contra el crimen organizado, a pesar de las dudas sobre su efectividad y de las supuestas amenazas que representan para los derechos de los ciudadanos, lo cual genera interrogantes sobre los motivos del gobierno para tomar esta decisión.
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad del Congreso acordaría prorrogar las fuertes medidas antipandillas hasta el año 2018, contando con el apoyo de cuatro partidos políticos, entre ellos el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en el poder. Durante una sesión plenaria programada para el 9 de febrero, dicha coalición proporcionará la cantidad de votos necesarios para que el Congreso apruebe la extensión de las políticas.
Las medidas extraordinarias fueron instituidas en abril de 2016 e implementadas en algunos centros penitenciarios del país, con el fin de interrumpir el contacto de los pandilleros encarcelados con el exterior. Las políticas, cuya segunda fase de ejecución comenzó en agosto de 2016, incluyen disposiciones para la transferencia de presos peligrosos a instalaciones carcelarias de alta seguridad, la suspensión de traslados de los internos a acciones judiciales, mayores restricciones para las visitas, participación obligatoria en programas de reeducación y formación para el trabajo, y el bloqueo de las comunicaciones electrónicas dentro y alrededor de las prisiones.
Análisis de InSight Crime
Los gobiernos tienden a extender sus políticas cuando producen los resultados esperados, o cuando la ciudadanía les da su respaldo. Pero en lo que se refiere a las medidas extraordinarias en El Salvador, parece que ninguna de estas dos condiciones se cumple.
Los funcionarios salvadoreños atribuyen la fuerte disminución en las tasas de homicidios a las medidas extraordinarias instituidas para luchar contra los pandilleros. Sin embargo, esta relación causal sigue siendo confusa, pues las pandillas se atribuyen a sí mismas la disminución en la violencia, pues supuestamente a finales de marzo de 2016 se les ordenó a los pandilleros que detuvieran los asesinatos.
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A pesar de la disminución en la violencia, los ciudadanos de El Salvador parecen tener poca confianza en la eficacia de las políticas de mano dura contra las pandillas. Las encuestas recientes han mostrado que la gran mayoría de los salvadoreños cree que las medidas no producen buenos resultados. Por otra parte, dicha política es percibida como una amenaza a los derechos y a las libertades de los ciudadanos respetuosos de la ley.
Desde esta perspectiva, es difícil entender por qué las autoridades salvadoreñas estarían dispuestas a extender estas polémicas políticas. Sin embargo, parece haber una posible explicación.
A principios de este año, dos de las pandillas más grandes del país, la MS13 y Barrio 18, convocaron al gobierno de El Salvador a negociaciar. Sin embargo, hasta ahora las autoridades se han negado a iniciar conversaciones oficiales con las pandillas, e InSight Crime cree que es poco probable que lo hagan.
Sin embargo, en otras ocasiones algunos funcionarios del gobierno han celebrado negociaciones secretas con las pandillas, y es posible que puedan volver a hacerlo. Es por eso que las medidas extraordinarias podrían ser utilizadas por el gobierno como una carta de negociación para obtener concesiones de las pandillas.
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