Un estudio realizado por el Banco Mundial muestra que El Salvador gasta una mayor proporción de dinero del gobierno en materia de seguridad y defensa que otros países de Centroamérica, pero su gasto social general es uno de los más bajos de la región, siendo esto un gran obstáculo si el país quiere escapar de la violencia criminal pandillera.
En 2011, El Salvador gastó el 2,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad y justicia, según el informe publicado el 24 de mayo, frente al 2,4 por ciento en 2010. Ese año, Costa Rica, Nicaragua y Panamá gastaron un 2,3 por ciento; Honduras y Guatemala un 2 por ciento y un 1,7 por ciento, respectivamente, según el mismo informe.
No obstante, en términos de inversión pública, El Salvador clasifica entre los más bajos de la región: el gasto público representa el 22 por ciento del PIB, en comparación con el promedio latinoamericano de 28 por ciento.
El informe, que analiza el período comprendido entre junio de 2011 y marzo de 2012, también encontró que había una falta de coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia, y que la debilidad institucional podría estar contribuyendo a la impunidad, la cual se situó en una tasa del 88 por ciento para todos los crímenes. También resaltó la necesidad de una acción coordinada y un plan financiero fuerte a largo plazo para hacer frente a los desafíos de seguridad, incluyendo el hacer un esfuerzo más concertado para apoyar los programas sociales y económicos.
Análisis de InSight Crime
El fracaso del gobierno de El Salvador para reforzar sus objetivos de justicia y seguridad a través de un mayor gasto en programas sociales será un gran obstáculo en el futuro, especialmente cuando el país trata de tomar ventaja de la tregua negociada entre las dos principales pandillas: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. La tregua redujo a la mitad la tasa de homicidios, pero otros delitos, como la extorsión, siguen siendo uno de los pilares de los ingresos de los pandilleros.
Sin una inversión seria y acceso a alternativas laborales y educativas para los ex pandilleros, es poco probable que la tregua sea sostenible. El Presidente salvadoreño, Mauricio Funes, anunció recientemente la inversión de US$22.3 millones para la reinserción social, pero es difícil saber si esto realmente va a ser suficiente para los 65.000 estimados pandilleros, y no es claro cuánto de ese dinero se ha liberado para ser utilizado o está supeditado a los progresos realizados durante la tregua en sí.
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