Para detener la violencia criminal en El Salvador, el vicepresidente del país describió algunas medidas gubernamentales adicionales que recuerdan las estrategias represivas del pasado, pero que incluyen varias medidas nuevas.
En una entrevista con la prensa salvadoreña, el vicepresidente Óscar Ortiz describió varias iniciativas que el presidente Salvador Sánchez Cerén propondrá al Congreso con el fin de disminuir las altísimas tasas de violencia.
Ortiz le dijo a El Mundo que el objetivo de las nuevas medidas consiste en “reducir drásticamente la capacidad de funcionamiento de las estructuras criminales”.
Las nuevas estrategias incluyen una Fuerza de Reacción Rápida, conformada por 600 soldados y 400 policías, que estará encargada de “golpear y desarticular cualquier estructura [criminal]” en el país. Ortiz dijo que los funcionarios esperan además formar un equipo de fiscales enfocados específicamente en los casos descubiertos por la nueva unidad de reacción.
Se planea aumentar la participación local en la seguridad de los barrios, mediante el respaldo a la creación de comités de apoyo ciudadano en las comunidades. Éstos funcionarán bajo la coordinación de la Policía Nacional Civil (PNC).
Además, la presidencia planea presentar una nueva iniciativa para fortalecer las leyes de expropiación de bienes, con el fin de “atacar los flujos financieros de estas estructuras criminales”, dijo Ortiz.
Las propuestas se presentan después de unos planes, aprobados por el Congreso el 1 de abril, que buscan endurecer las restricciones en las prisiones con el fin de impedir la capacidad de los internos para coordinar actividades criminales por fuera de las prisiones.
Refiriéndose a estas medidas, Ortiz señaló que el gobierno comenzará la construcción de centros temporales donde podrán vivir y trabajar 10.000 presos de bajo riesgo. Ortiz dijo que es poco probable que los pandilleros sean aceptados en este programa, al menos en su fase inicial.
Análisis de InSight Crime
Los comentarios de Ortiz parecen indicar que el gobierno salvadoreño está cada vez más cerca del establecimiento de una estrategia de seguridad coordinada y con medidas más definidas, que contiene nuevos aspectos y a la vez analiza las políticas anteriores.
Por ejemplo, la Fuerza de Reacción Rápida recuerda a las políticas represivas de “mano dura” que el gobierno salvadoreño ha usado antes. Dichas políticas, sin embargo, han demostrado ser ineficaces para reducir el crimen. Aunque Ortiz afirma que está unidad hará parte de un esfuerzo constante de la Fiscalía por combatir y perseguir a las estructuras criminales, no está claro exactamente cómo esto se llevará a cabo.
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Atacar los activos de los grupos criminales, sin embargo, es una estrategia nueva para los funcionarios salvadoreños. Si bien esta estrategia ha demostrado tener cierta eficacia en la vecina Honduras, la pregunta sigue siendo cómo la policía salvadoreña coordinará con la Fiscalía general para llevar a cabo las operaciones de incautación de activos.
Otra duda tiene que ver con la respuesta de las poderosas pandillas de El Salvador ante las nuevas iniciativas de seguridad del gobierno.
La semana pasada, las pandillas salvadoreñas declararon un alto a los homicidios, supuestamente para demostrar que las “extraordinarias medidas” amenazantes del gobierno no eran necesarias. En una entrevista con el Washington Post, un representante de Barrio 18 respondió así a las políticas recién anunciadas: “Los gobiernos han inventado este tipo de medidas antes, y esto es lo que tengo que decir al respecto: la represión no reduce la violencia, solo trae más represión”.
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