El Salvador liberaría 900 presos, pero reforzaría medidas de ‘mano dura’

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El Congreso de El Salvador ha aprobado una medida que podría dar como resultado la liberación de 900 presos de “bajo riesgo”; pero, por otro lado, la aplicación de medidas de seguridad “extraordinarias” podría aumentar el número de personas arrestadas.

La medida del Congreso —que tiene como objetivo reducir el hacinamiento en las cárceles— permitirá la libertad condicional de los presos cuyas sentencias ya no superen los ocho años, con tal de que hayan mostrado buen comportamiento y hayan participado en programas de rehabilitación, según informó AFP. Los mayores de 60 años que no hayan cometido delitos graves, y quienes sufran enfermedades terminales, también podrían estar amparados por la medida.

No podrán recibir este beneficio los condenados por delitos agravados, como asesinato, lavado de dinero, narcotráfico, crimen organizado, violación y corrupción.

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Como resultado de la medida del Congreso, unos 900 presos podrían quedar en libertad de manera anticipada, informó El Mundo. La medida todavía requiere la aprobación del presidente Salvador Sánchez Cerén, después de lo cual estaría en vigor por un año.

EFE informó que el gobierno planea aprovechar los espacios que queden disponibles para trasladar a las prisiones a 5.000 personas que se encuentran retenidas en las comisarías, con el fin de liberar las unidades de policía.

Esta iniciativa del Congreso parece ser parte de un conjunto de “medidas extraordinarias” propuestas recientemente por el presidente para combatir los crecientes niveles de violencia.

Más de 33.200 personas están recluidas en las cárceles salvadoreñas, que sólo tienen capacidad para 9.000 presos, según la Dirección General de Centros Penales (DGCP). De éstas, uso 13.000 son miembros de pandillas.

Análisis de InSight Crime

La liberación de presos no permitirá resolver el principal problema de El Salvador: una altísima tasa de homicidios, que se ha duplicado en los primeros meses de 2016. De hecho, la nueva estrategia de seguridad de la presidencia —que podría incluir la declaración de un estado de emergencia, lo cual permitiría la detención preventiva— llevaría a un incremento en la cantidad de personas detenidas.

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No es inusual que los países latinoamericanos —que padecen de extremos niveles de hacinamiento carcelario— liberen grupos de reclusos con el fin de aliviar la situación de su sistema penitenciario. Sin embargo, estas medidas, a menudo reaccionarias, son ineficaces si el Estado continúa adoptando las llamadas estrategias de seguridad de “mano dura”. Este enfoque de línea dura ha demostrado ser contraproducente, dado que satura las cárceles y permite que los grupos criminales se consoliden al interior de las prisiones.

Otra de las iniciativas para enfrentar el hacinamiento, sin duda más razonable, consiste en reducir la prisión preventiva, una práctica que ha aumentado la presión sobre los sistemas penitenciarios de la región.

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