Funcionarios de El Salvador anunciaron una nueva fase de medidas “extraordinarias” contra las pandillas, las cuales fueron instituidas a principios de este año, a pesar de los cuestionamientos sobre la efectividad de estas políticas y de los temores de que puedan estar violando los derechos de los ciudadanos.
El 8 de agosto, el ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, apareció en el programa de televisión “Diálogo”, anunciando que el gobierno había iniciado una segunda fase de implementación de medidas especiales de seguridad en las prisiones, aprobadas por el Congreso en abril.
“Vamos a reforzar la seguridad en estos centros penitenciarios adoptando una serie de medidas operativas que buscan fortalecer las actividades de control y seguridad en los centros”, dijo Ramírez.
Las medidas de seguridad buscan evitar que los bienes de contrabando entren en las prisiones e impedir el contacto entre los pandilleros encarcelados y el mundo exterior.
Para lograr esos objetivos, el gobierno se ha enfocado en ejercer control en las zonas residenciales alrededor de los centros penitenciarios, intensificando las operaciones de seguridad e incluso proponiendo una ley que prohibiría el uso de internet en esos barrios.
Rodil Hernández, el director de prisiones, le dijo recientemente a La Prensa Gráfica que los habitantes de los barrios ubicados cerca de las prisiones representan un mayor reto para las autoridades penitenciarias que los mismos guardias corruptos.
Después de relatar una historia según la cual los residentes de la zona y los internos intercambian mensajes a través de notas lanzadas por sobre los muros de las prisiones, Hernández dijo: “Alguna complicidad debe haber de los custodios, pero es mínima”.
Sin embargo, el medio de noticias también consultó a un soldado encargado de vigilar una prisión, quien está en desacuerdo con la afirmación de Hernández.
“El Gobierno puede poner a 1.000 agentes policiales y a 1.000 soldados custodiando cada metro de los penales por fuera, evitando que alguien tire ilícitos hacia adentro”, dijo el soldado. “Pero el problema seguirá porque la corrupción está en los custodios que aceptan dinero a cambio de ingresar chips [de teléfonos] y celulares”.
El director de la Policía Civil Nacional, Howard Cotto, indicó recientemente que los pandilleros encarcelados habían utilizado abogados como mensajeros, llevando instrucciones para asesinatos, extorsiones y otros crímenes de dentro de las prisiones a pandilleros por fuera de las mismas.
“Los abogados no sólo recibían mensajes para cometer crímenes, también recibieron órdenes y mensajes para mover dineros y aumentar los activos ilícitos” de las pandillas, dijo Cotto, explicando que los reclusos confiaban más en los abogados que en los pandilleros de nivel inferior que no conocían algunas de las transacciones financieras de los miembros con más experiencia.
Análisis de InSight Crime
Las autoridades salvadoreñas consideran que la disminución en la violencia durante los últimos meses se ha dado gracias a las medidas extraordinarias. Sin embargo, no está claro hasta qué punto estas duras medidas del gobierno contra las pandillas han contribuido a los avances en este sentido. Otra posible explicación para la reducción de la violencia es el acuerdo que se llevó a cabo en marzo entre los cabecillas de las pandillas para poner fin a los asesinatos cometidos por los miembros de las mismas. Además, encuestas recientes muestran que la mayoría de los ciudadanos creen que las políticas del gobierno no han logrado alcanzar sus objetivos.
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Además de las persistentes preguntas sobre la eficacia de las medidas extraordinarias, hay preocupación de que estas políticas puedan llegar a violar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, los intentos de bloquear las señales de los teléfonos celulares en las cárceles para evitar que los pandilleros se comuniquen con quienes están afuera también han afectado el servicio de los ciudadanos en las áreas vecinas.
A medida que El Salvador busca soluciones a los retos de seguridad actuales, será importante que los legisladores y las autoridades adopten un enfoque equilibrado que permita respetar los derechos de los ciudadanos y que haga uso de estrategias basadas en la evidencia para la lucha contra la corrupción y la violencia de las pandillas.
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