Los diputados de El Salvador aprobaron varias reformas de leyes contra las pandillas que estipulan nuevos delitos, prohíben la negociación con criminales y clasifican las pandillas como organizaciones terroristas, en una doble apuesta del gobierno por las políticas de seguridad de línea dura.
El 21 de abril, los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador votaron de manera casi unánime para aprobar las reformas al código penal del país, que atacan a las “maras” o pandillas callejeras, como la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, según información de El Faro.
Las leyes penalizan la negociación y el diálogo con las pandillas en un marco más amplio de leyes contra la asociación para delinquir. De manera específica, la nueva ley dispone sentencias de cárcel hasta de 15 años para cualquiera que "solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de alguna prerrogativa para dispensar ilegalmente a otro(s) de la aplicación de disposiciones de la ley, u ofrezca beneficios o ventajas a los miembros de agrupaciones [ilícitas]".
Las medidas también modifican el estatuto antiterrorismo vigente en el país, clasificando explícitamente a las pandillas como organizaciones terroristas. Según el estatuto, la pertenencia a una organización terrorista puede acarrear sentencias superiores a 8 años.
Además, las reformas establecen nuevos delitos, entre ellos el de "limitación ilegal a la libertad de circulación", "coerción o amenaza a estudiantes o maestros en sus centros educativos o alrededores", y "resistencia a la autoridad".
La nueva legislación se anuncia como parte de un paquete “de medidas extraordinarias” en curso, cuya implementación anunció el gobierno para combatir a las pandillas.
Análisis de InSight Crime
Elegido en 2014, el presidente Salvador Sánchez Cerén heredó la que se había convertido en una política de seguridad polémica: la tregua de pandillas entre la MS13 y Barrio 18, facilitada por la administración anterior. Desde entonces, la violencia ha escalado a niveles sin precedente desde la guerra civil.
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Sin embargo, mientras que políticas como las que se están introduciendo son una reacción evidente al colapso de la tregua de pandillas y el consiguiente recrudecimiento en la violencia, la lógica subyacente no ha cambiado.
El doctor José Miguel Cruz, experto en gobernanza y crimen organizado en El Salvador de Florida International University, comentó a InSight Crime que aun cuando algunas de las medidas son nuevas en términos técnicos, su espíritu representa una continuación de las políticas de seguridad férreas que ha seguido la presente administración desde su llegada al poder y que caracterizaron a varias administraciones anteriores.
En el pasado, esa legislación de línea dura ha demostrado muchas veces ser contraproducente, y las nuevas leyes también podrían resultar problemáticas. Por ejemplo, la iniciativa para penalizar la negociación con las pandillas está diseñada para imposibilitar cualquier trato formal u oficial con las pandillas, como otra tregua. Sin embargo, no es claro aún si puede usarse la ley para procesar a quienes pagan cuotas de protección u otras rentas forzadas a las pandillas, observó el doctor Cruz.
"Aún no sabemos si puede usarse la ley para criminalizar a las víctimas [que pagan cuotas de extorsión]. No sabemos si en el largo plazo, esto cerrará la puerta a cualquier espacio alternativo o mecanismo de encuentro para tratar de resolver problemas de violencia en El Salvador", notó Cruz.
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