La Corte Suprema de El Salvador trasladó a 21 jueces, entre ellos cuatro que fallaron a favor de un prominente empresario acusado de corromper al sistema de justicia, un claro indicio de que la alta corte apoya la actual ofensiva de la Fiscalía General contra la impunidad.
El 20 de septiembre, la Corte Suprema retiró a los jueces de sus puestos en la capital, San Salvador, y en la cercana Santa Tecla, y ordenó que se los transfiriera a jurisdicciones en zonas periféricas del país, informó El Faro.
Cuatro de los jueces habían emitido sentencias que beneficiaron a Enrique Rais, reconocido empresario que fue arrestado a finales de agosto junto con el exfiscal general Luis Martínez y otros sospechosos más. La Fiscalía General asevera que el grupo conspiró para obstruir la justicia en casos relacionados con los intereses comerciales de Rais, incluyendo una firma de gestión de residuos sólidos subsidiada por el gobierno.
Menos de una semana después de los arrestos, un juez ordenó que se liberara a Rais y a los demás sospechosos de la detención preventiva y que fueran puestos en detención domiciliaria, medida que fue puesta en entredicho por la Fiscalía General. Martínez permaneció en la cárcel por varios cargos pendientes de un caso diferente. La jueza, Evelyn del Carmen Jiménez Solís, del Séptimo Juzgado de Paz, es una de quienes fueron transferidos a otros distritos, informó El Diario de Hoy.
La unidad de investigación judicial de la Corte Suprema tiene 43 casos abiertos actualmente sobre ocho de los jueces transferidos, según La Prensa Gráfica.
Análisis de InSight Crime
Ninguno de los jueces fue destituido por la Corte Suprema, pero su decisión de trasladarlos envía un mensaje contundente de que la corte busca impedir que funcionarios judiciales corruptos saboteen el caso contra Rais y Martínez. Como lo señalaba El Faro, la decisión de la corte puede ser una respuesta a los comentarios recientes del fiscal general Douglas Meléndez, quien expresó que no confiaba en los jueces de San Salvador para llevar el importante caso.
“No solo las pandillas tienen clicas; también el sistema judicial las tiene”, comentó a los periodistas poco después de formular cargos contra Rais.
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Más que una muestra de respaldo a la Fiscalía General, la decisión también envió un mensaje al sistema judicial: la Corte Suprema no protegerá a los jueces que brinden una tapadera legal a sospechosos con conexiones.
Sin embargo, los traslados no son más que eso; los jueces conservan sus argos, aunque en diferente jurisdicción, y no se les levantan cargos. Aunque la decisión es un paso para reducir la corrupción judicial, se requiere más acción para cambiar el statu quo de impunidad para las élites del país.
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