El Salvador ha recurrido a sus leyes antiterrorismo para enjuiciar a presuntos miembros de pandillas, generando un debate sobre las definiciones de delincuencia y terrorismo, donde las dos se cruzan, y los motivos del gobierno para calificar las pandillas de organizaciones terroristas.
El 11 de agosto, El Fiscal General de El Salvador, Luis Martínez, anunció que fueron emitidas órdenes de captura contra aproximadamente 300 presuntos pandilleros acusados de "actos terroristas", informó la agencia EFE. Las pandillas "ya pasaron los límites", dijo Martínez. "Atentan contra policías, fiscales, someten a la población y los obligan a emigrar de sus hogares, intentan generar inestabilidad al Estado. Son terroristas, ya no son pandilleros".
Martínez señaló que la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo de El Salvador —ley que está sobre el papel desde octubre de 2006— a los pandilleros refleja una "nueva estrategia" para " imponer orden y llevar paz social".
Bajo cargos de terrorismo, los pandilleros pueden recibir entre 8 y 12 años de prisión, mientras que los cabecillas pueden recibir de 10 a 15 años. La ley también establece penas de prisión de entre 40 a 60 años para aquellos que sean condenados por llevar a cabo "un acto contra la vida, la integridad personal, la libertad o la seguridad" de funcionarios o autoridades públicas.
Las autoridades también anunciaron la detención de 130 presuntos miembros de la facción "Revolucionarios" de la pandilla Barrio 18. Son sospechosos de imponer un reciente "boicot" al transporte público —en el que al menos siete conductores de autobús murieron y dos autobuses fueron quemados— razón por la cual Martínez declaró que "conspiraron y propusieron el desarrollo de actos terroristas para llevar terror y temor a la población".
También se emitieron órdenes de captura contra supuestos pandilleros sospechosos de llevar a cabo ataques contra policías y soldados. En lo que va de 2015, 41 policías, 15 soldados y un fiscal han sido asesinados.
Análisis de InSight Crime
El Fiscal General de El Salvador propuso por primera vez el uso de la ley antiterrorista del país para perseguir a las pandillas en abril de 2014. En un reciente viaje a Washington DC, enfatizó que los pandilleros habían pasado de simple delincuencia a terrorismo.
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No obstante, terrorismo es un concepto muy político de difícil definición. De hecho, la propia definición legal de terrorismo planteada por El Salvador es ambigua y aplicable a contextos diversos. La ley define un acto terrorista como "la evidencia del propósito de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas".
Es posible que las autoridades salvadoreñas consideren que relacionar a las pandillas con el terrorismo es beneficioso, ya que necesitan una menor carga de prueba que las acusaciones penales conducentes a una condena. Mostrar a los pandilleros como terroristas también puede ser políticamente conveniente para el gobierno para justificar frente al público salvadoreño medidas más severas y contundentes contra las pandillas.
Independientemente, la estrategia de la Fiscalía General plantea el debate sobre en qué punto entran las pandillas salvadoreñas en el "continuum crimen terror", y si las bandas realmente están utilizando tácticas terroristas para lograr objetivos políticos. Si bien la cuestión de si las pandillas de El Salvador son verdaderamente actores políticos sigue en disputa, también es claro que las pandillas están utilizando la violencia para lograr ciertas concesiones por parte del gobierno (tales como condiciones carcelarias menos restrictivas).
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