El presidente de Colombia Juan Manuel Santos ha ordenado la demolición de numerosos edificios utilizados como puntos de venta de droga; una estrategia que parece tener poco valor práctico y seguramente no hará más que empujar a los microtraficantes hacia a una nueva ubicación cercana.
Santos declaró que el primer año de la "guerra contra el microtráfico" de Colombia ha visto cómo los puntos de venta de droga, conocidos como "ollas", se han dividido y multiplicado en "mini-ollas".
"Hemos identificado que si logramos destruir esas mini-'ollas' —destruirlas literalmente—, demoler las casas donde operan esas mini-'ollas', vamos a poder darle a la raíz de esas mini-estructuras que están causando tanto daño", dijo el jefe de Estado.
A partir del 11 de abril, serán demolidas en toda Colombia 92 construcciones que actualmente están siendo utilizadas como "ollas", informó El Tiempo. El gobierno tiene planes de recuperar otros 400 edificios utilizados para estos fines.
El presidente dejó claro que la acción tenía por objeto, en parte, ser una advertencia para los propietarios de las casas, diciendo: "Cuiden muy bien a quien le arriendan".
Según Santos, estas actuaciones han sido autorizadas por la Fiscalía General o, en algunos casos, por las alcaldías locales. La ley colombiana permite que el Estado se haga cargo de una propiedad que está siendo utilizada para actividades ilegales, sin ofrecer ningún tipo de compensación al propietario.
Análisis del InSight Crime
Ésta es sólo la última medida del gobierno colombiano en su "guerra total" contra el microtráfico, el cual ha marcado una de las mayores amenazas para la seguridad nacional. El año pasado, la policía llevó a cabo numerosas redadas en sectores de las ciudades conocidos por ser los principales puntos de venta de droga. Sin embargo, los habitantes de la ciudad de Medellín dijeron a InSight Crime que el cierre de los edificios utilizados como ollas no tuvo efecto sobre la oferta de droga, provocando simplemente que las actividades criminales se movieran un bloque más abajo.
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No está claro cómo destruir casas irá más allá de esto y pondrá fin a una actividad criminal que es a la vez arraigada y con gran capacidad de adaptación, especialmente debido a que es muy poco probable que esas propiedades pertenezcan a los criminales que las utilizan. Al igual que antes, es poco probable que esta medida logre mucho excepto empujar el problema a una área nueva.
Por otra parte, aunque la medida tiene la intensión de ser una advertencia para los propietarios que prestan sus propiedades a los criminales, no tiene en cuenta el hecho de que muchos propietarios se ven obligados a entregar los edificios a estos grupos.
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