Narcotráfico, disputas entre actores estatales e irregulares, extorsiones y la fiebre por el oro han convertido al sur de Venezuela en un foco de ilegalidad y confrontaciones armadas. Un informe reciente confirma que las fronteras con Colombia y Brasil y los habitantes del sur del país experimentan un paraestado legislado por el crimen organizado.
De acuerdo con el informe publicado por Crisis Group, Sindicatos, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), funcionarios del gobierno, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son los protagonistas de extorsiones, asesinatos, extracción de oro y otros mercados ilegales como el contrabando y narcotráfico. Estarían desangrando los estados Amazonas y Bolívar, dejando un clima de violencia entre bandos y sociedad civil.
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Según la publicación, el ELN sigue siendo el actor con más fuerza en el terreno, abarcando 13 de los 24 estados venezolanos. Especialmente en el sur donde saca 60 por ciento de sus ganancias y se disputa las minas de Bolívar con los sindicatos, grupos criminales venezolanos, que parecen ceder ante la presión de los guerrilleros colombianos, mientras que en Amazonas comparte la explotación de las minas con la GNB y las disidencias de las FARC en una especia de alianza.
Estos últimos, también colombianos, estarían financiando su actividad criminal por lo menos en 50 por ciento de las minas venezolanas, encabezados por Géner García Molina, alias “Jhon 40” y el frente Acacio Media, compuesto por disidentes del extinto frente 16 de las FARC.
Por su parte, el informe también destaca la ya conocida participación de militares venezolanos, quienes serían los encargados de establecer puntos de control en lo que cobran un porcentaje de las ganancias a los mineros, bien sea en oro, moneda colombiana o dólares estadounidenses. En otros casos, las guerrillas han tenido que sobornar a los militares para que les permitan extraer el oro, hecho que genera disputas entre ambos bandos.
Análisis de InSight Crime
La condición limítrofe de los estados Amazonas y Bolívar con Colombia, Venezuela y Brasil es uno de los puntos que más preocupación genera, debido a la posibilidad de violencia en las fronteras y todos los riesgo que implica la acción de grupos irregulares. En especial Colombia, cuya porosa frontera no solo sirve para que miembros de las guerrillas pasen a esconderse en Venezuela, sino que además ingresen a territorios colombiano el oro extraído del país caribeño para legalizarlo.
De fronteras hacia adentro, las lealtades “volátiles e impredecibles” de estos grupos criminales ponen en peligro a la población del sur de Venezuela, que se ve en medio de la disputa por el control de las economías ilegales, siendo ellos el último y más débil eslabón de la cadena de producción.
El estudio también señala un posible enfrentamiento diplomático que podría ser consecuencia del accionar criminal de las guerrillas colombianas, quienes, aún ocultas en Venezuela, continúan atentando contra las autoridades en diferentes partes de Colombia, lo que podría ser interpretado como ataques ordenados o planificados desde Caracas.
El reclutamiento de comunidades indígenas en la región también preocupa a la comunidad internacional, así como el alto nivel de contaminación por uso de mercurio en la minería que está produciendo en las tierras y las comunidades alrededor de ríos como Guainía, Inírida y Atabapo, quienes alcanzan hasta 60 veces el nivel máximo de mercurio en la sangre.
El sur de Venezuela es tal vez el territorio más vulnerable del sur del continente. La crisis del país parece no tocar fondo, mientras el crimen organizado se apropia de la zona más lucrativa de esa nación sin una respuesta efectiva del Estado que, por el contrario, parece estar involucrado hasta sus más altas cúpulas.
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