Élites en Honduras y Guatemala mantienen su campaña para dejar sin dientes a las comisiones anticorrupción en sus respectivos países con una serie de nuevas medidas que buscan librarse de los organismos independientes o entorpecer gravemente sus facultades.
El 18 de marzo, el ministro de gobernación de Guatemala Enrique Dagenhart anunció el traslado de 11 agentes que trabajaban con el organismo anticorrupción avalado por las Naciones Unidas, conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En respuesta, el comisionado de la CICIG Iván Velásquez emitió un comunicado dirigido a Dagenhart donde solicitaba el regreso de los agentes y una explicación sobre el traslado. El 21 de marzo, Dagenhart replicó que la medida sería “temporal”.
En la vecina Honduras, noticias recientes en los periódicos revelaron que a comienzos de este mes un grupo de abogados, en representación de cinco diputados anteriormente sindicados de corrupción, presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Adicionalmente, el 20 de marzo, el congreso aprobó una ley que reformaba los procedimientos de privación de dominio de activos para impedir su aplicación retroactiva, entre otras cosas. Los opositores argumentaron que esa ley se diseñó para proteger a las élites corruptas de la privación de dominio, por parte de las autoridades, de ganancias de origen ilícito.
Análisis de InSight Crime
Los recientes intentos de élites bien establecidas de socavar la CICIG y la MACCIH son una continuación de la intensificación de las maniobras, observadas en los últimos meses, que buscan sabotear las iniciativas anticorrupción.
Una ley aprobada por Honduras en enero básicamente despojaba a la Fiscalía General de la República de la facultad de investigar el manejo de fondos públicos. La aprobación de esa ley motivó la renuncia del jefe de la MACCIH Juan Jiménez Mayor, quien llamó esto un “pacto de impunidad”.
El intento más reciente de impugnación de la constitucionalidad de la MACCIH puede terminar por completo la comisión. El futuro de la MACCIH está ahora en poder de la Corte Suprema, llena de aliados del actual presidente Juan Orlando Hernández, quien ha encarado denuncias de corrupción.
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Una tendencia similar se ha observado en Guatemala, donde las élites corruptas han intensificado los intentos por frenar investigaciones por corrupción en altas esferas.
Una de las acciones recientes que evidencia los ataques contra la CICIG sucedió a finales de 2017, cuando el presidente Jimmy Morales trató infructuosamente de expulsar del país a Velásquez, cabeza del organismo.
Desde entonces, la administración de Morales ha hecho otros intentos por socavar las iniciativas anticorrupción, entre ellos la destitución del superintendente tributario de Guatemala, Juan Francisco Solórzano Foppa, quien dirigía investigaciones de corrupción de alto perfil contra miembros de la plana mayor en Guatemala. Y en marzo, la destitución del director de la policía nacional Nery Ramos y Ramos, junto con varios de sus principales asesores, por parte del ministro de gobernación Degenhart, una medida que motivó amplias condenas, como un intento de interferir con investigaciones en curso sobre malos manejos.
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