Las autoridades de Guatemala arrestaron a dos altos miembros del gobierno del país, uno actual y otro que ya no está en servicio —así como a otros 18 sospechosos—, por un caso de fraude aduanero. Sin embargo, es probable que los acusados enfrenten un leve castigo dada la cultura de impunidad entre la élite política del país.
Juan Carlos Monzón, presunto líder de la red criminal, es el secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, informó Prensa Libre. Monzón se encontraba fuera del país cuando las autoridades realizaron la redada, y actualmente es considerado fugitivo de la justicia.
Juan Carlos Monzón, secretario de la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti y presunto jefe de La Línea.
Sin embargo, el Ministerio Público de Guatemala anunció el 16 de abril que el actual director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Álvaro Omar Franco Chacón, y su predecesor Carlos Enrique Muñoz Roldán, habían sido arrestados. Otros 18 sospechosos, quienes presuntamente formaban parte de la red aduanera conocida como “La Línea” también fueron detenidos.
El actual director de la autoridad comercial de Guatemala, Álvaro Omar Franco Chacón (izquierda) y su predecesor Carlos Enrique Muñoz Roldán (derecha).
La Línea estaba constituida por ejecutivos de la SAT, oficiales medios y agentes fronterizos, quienes reducían los impuestos a bienes importados a cambio de una comisión, informó Prensa Libre. Las actividades criminales presuntamente tomaban lugar en los siete cruces fronterizos más grandes de Guatemala.
Los arrestos fueron el resultado de una investigación de diez meses realizada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas.
Análisis de InSight Crime
El arresto de los sospechosos es sólo el primer paso de la investigación, y el historial de impunidad en Guatemala indica que cantar victoria sería prematuro. Incluso si la evidencia recolectada es usada para elaborar una denuncia contra Chacón y Muñoz, la corrupción generalizada en el sistema judicial de Guatemala impediría a los abogados llegar a una condena. El hecho de que Monzón haya salido de Guatemala días antes de los arrestos sugiere que probablemente haya sido informado sobre el caso por algún funcionario del Ministerio Público u otra agencia gubernamental, lo cual podría indicar el grado de protección con el que cuenta.
Otro de los retos que enfrentan los abogados radica en el grado en que el sistema judicial se ha visto cooptado por intereses especiales, como lo documentó InSight Crime en una serie de especiales. Los grupos de interés se aprovechan de las regulaciones que permiten la elección especial de los jueces de las altas cortes del país para posicionar a sus aliados en los puestos judiciales más poderosos de Guatemala. El año pasado, la Corte Constitucional de Guatemala suspendió temporalmente la selección de jueces de las altas cortes debido a la indignación pública por los altos niveles de corrupción en el proceso.
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La CICIG ha logrado un número importante de victorias contra la impunidad en Guatemala, y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha apoyado públicamente la extensión del mandato de la CICIG, que finaliza en septiembre de 2015. Sin embargo, el presidente Otto Pérez Molina ha afirmado que no se encuentra interesado en permitir que la CICIG siga operando después de esa fecha.