La masacre de ocho personas cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela muestra el recrudecimiento del conflicto entre grupos armados colombianos por el control del negocio de la droga en la región de Catatumbo, mientras las autoridades no logran controlar la creciente violencia en ese territorio.
El 30 de julio, un grupo de 10 hombres armados abrió fuego a plena luz del día en un sitio de billar en el municipio de El Tarra, en el departamento fronterizo de Norte de Santander en Colombia, informó el diario local La Opinión.
Entre las víctimas se encontraban al menos dos miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como un líder social del municipio.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que desde inicios de 2018 mantienen una violenta disputa por el control de la producción de cocaína en esa zona fronteriza con Venezuela, se deslindaron de su responsabilidad en el incidente a través de dos supuestos comunicados emitidos por cada grupo.
Sin embargo, La Opinión informó que de manera extraoficial se dio a conocer la teoría de que la masacre habría sido causada por un ajuste de cuentas del ELN con supuestas disidencias de las FARC, que se estarían sumando a las filas del ELP, según informes recogidos en trabajos de campo en la zona.
Las acciones violentas del ELN en ese territorio se han agudizado en la última semana también del lado venezolano. El 26 de julio, la periodista venezolana Sebastiana Barráez advirtió sobre el asesinato de seis obreros y la toma de una finca en el estado venezolano de Zulia, presuntamente por miembros del ELN.
Hacendados y periodistas de la región aseguran que otra de las víctimas del ataque fue un militar venezolano. Aunque el gobierno de ese país no ha informado sobre este hecho, InSight Crime tuvo acceso a un reporte policial donde se especifica que el oficial asesinado es Roberto Ultin González, un teniente activo del ejército, adscrito al comando de fuerzas especiales, quien resultó herido durante “un intercambio de disparos entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos”.
Análisis de InSight Crime
Las autoridades de Colombia y Venezuela parecen haber abandonado la región de Catatumbo a su suerte, y los grupos criminales que se disputan el mercado de la droga en esa zona fronteriza están aprovechando la situación.
El enfrentamiento armado entre el ELN y el EPL por el control territorial de Catatumbo, una de las zonas de mayor producción de cocaína en Colombia, se ha tornado cada vez más sangriento y parece estar fuera de control. La reciente masacre en El Tarra y los enfrentamientos en territorio venezolano, que han dejado varias víctimas, son una muestra de ello.
Mientras las autoridades venezolanas han preferido mantenerse al margen, dejando la zona en manos de los grupos irregulares, el gobierno de Colombia no se muestra capaz de dominar el impulso tomado por estas organizaciones criminales.
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En abril de 2018, luego de que se conociera la cifra de más de 17.000 afectados producto de este conflicto, el vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, viajó a Norte de Santander. Allí aseguró que el gobierno “combatirá con contundencia a los grupos armados… Nos hemos comprometido también a que se seguirá avanzando para que los asuntos que tienen que ver con la fuerza pública vayan generando condiciones de normalidad en la región con una presencia integral de control territorial”.
Sin embargo, a cuatro meses del anuncio, la situación en ese territorio no ha mejorado. Catatumbo sigue dominado por los grupos armados, principalmente por el ELN, guerrilla que se mantiene, al menos públicamente, interesada en negociar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano.
Por esa razón, algunos líderes gremiales del municipio El Tarra, donde ocurrió la reciente masacre, aseguran que no habían visto ataques armados como este desde la llegada de los grupos paramilitares a Catatumbo, en 1999, y exigen explicaciones a las autoridades.
De lado venezolano, desde abril de 2018 el director de la ONG Fundación Redes, Javier Tarazona, ha denunciado la presencia de estos grupos criminales en los municipios de Catatumbo y Jesús María Semprún, asegurando que las autoridades venezolanas “guardan silencio y no actúan ante la incursión descarada de la guerrilla colombiana en suelo venezolano”.
*Este análisis fue elaborado con información suministrada por el equipo de investigación de InSight Crime en Colombia.
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