En lo que sería un nuevo caso de cooptación de instituciones estatales por grupos criminales en El Salvador, una red de empleados hospitalarios corruptos estaría señalada de ayudar a pandilleros en prisión a transmitir órdenes de ataque a sus cómplices.
Por medio de citas médicas en hospitales públicos, los pandilleros estarían enviando órdenes criminales a otros pandilleros mediante una red de empleados hospitalarios, según declaró Osiris Luna Meza, director general de centros penales de El Salvador, por medio de una entrevista en televisión.
Luna Meza afirmó que los pandilleros admitieron “haber comprado” a algunos empleados para que transmitieran información esencial a otros pandilleros por fuera de las cárceles, de acuerdo con informes oficiales de inteligencia obtenidos por el funcionario.
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La ley salvadoreña permite que los reclusos salgan de prisión para recibir tratamiento médico en hospitales públicos cuando tienen problemas de salud, pero el director de centros penales está pidiendo que se elimine esta práctica y que los presos reciban la atención que requieren dentro de las prisiones en las que están recluidos.
De acuerdo con declaraciones entregadas a la Prensa Gráfica, se supone que todas las cárceles de El Salvador tienen centros médicos donde pueden atender a los presos. Esos servicios se ampliarían con las reformas que propone Luna Meza para impedir que las pandillas utilicen a empleados de hospitales públicos para transmitir información.
Las nuevas revelaciones se conocen justo después de que el presidente Nayib Bukele declarara un “estado de emergencia” el 21 de junio pasado en varios centros de reclusión, por sospechas de un posible ataque.
Análisis de InSight Crime
Poderosas pandillas como la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 en El Salvador han recurrido durante años a la infiltración en instituciones estatales para garantizar protección y favorecer sus intereses criminales.
De hecho, en el pasado las pandillas “urdieron pactos electorales con los principales partidos políticos del país” e incluso han negociado acuerdos mediante los cuales han recibido dádivas como alimentos, dinero y empleos por parte de operadores políticos. Todo ello les ha permitido “ampliar su base de poder social y político”, como lo constató el trabajo de campo de InSight Crime para el 2017 en su investigación sobre pandillas y poder municipal en El Salvador.
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El sistema político no es la única institución estatal cooptada por las pandillas.
Entre 2010 y 2015, por ejemplo, se dice que 500 pandilleros infiltraron las fuerzas armadas y la policía de El Salvador. En algunos casos, los pandilleros han usado a miembros corruptos de la policía para que les ayuden en las redes de extorsión —su principal fuente de ingresos— o para corromper a soldados y conseguir armamento de alto poder.
Además, por más de una década el sistema carcelario de El Salvador ha servido como base de operaciones para la MS13 y Barrio 18, las dos pandillas más grandes del país. De acuerdo con el trabajo de campo realizado por InSight Crime en la región, “La toma de las prisiones por parte de las maras surgió de una combinación de malas políticas públicas y mayor habilidad y astucia organizacionales por parte de las maras”.
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