En medio de la crisis del coronavirus en Perú, los trabajadores hospitalarios están exigiendo sobornos a familiares de las víctimas para confirmar la identidad de los fallecidos y organizar funerales ilegales, lo que muestra una vez más que las organizaciones criminales se están aprovechando de la pandemia para beneficiarse del dolor de sus víctimas.
En agosto, Panorama informó que los empleados de hospitales de Lima estaban cobrando hasta 300 soles (US$84) por entregar información a las personas sobre sus seres queridos fallecidos. Por esas cantidades, los empleados abrían las bolsas de los cadáveres de las víctimas de coronavirus y tomaban una foto para enviársela a los familiares, en flagrante violación de los protocolos hospitalarios.
Y dado que Perú ha ordenado que los fallecidos por coronavirus no pueden ser enterrados de manera normal, los empleados también están cobrando hasta 4.300 soles (US$1.200) por llevar los cuerpos a las casas de los parientes y realizar funerales clandestinos.
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“Podemos sacar el cuerpo por la tarde y llevárselo a su casa, en privado. Dejamos el cuerpo allí y usted puede enterrarlo por la noche”, dijo un empleado de hospital a los medios peruanos.
También se pueden obtener ganancias de los pacientes aún vivos; imágenes de las cámaras de seguridad muestran que los guardias de seguridad reciben pagos de los familiares para llevar teléfonos celulares y otros artículos personales a los pacientes de Covid-19 que están en tratamiento.
El asunto está siendo investigado por el gobierno. Alicia Abanto, portavoz de la Defensoría del Pueblo, denunció estas acciones como “actos de corrupción”.
“Ante la pérdida de un pariente, las familias se desesperan por confirmar si se trata de su ser querido. Y cuando los centros de salud no les informan, las funerarias o algunos trabajadores corruptos se aprovechan de esto y cobran sobornos”, dijo Abanto a RPP Noticias.
Según Abanto, Perú ha establecido normas estrictas para que las personas vean los cuerpos de sus parientes. De acuerdo con las normas, los hospitales deben organizar una observación del cuerpo en un área designada del hospital, donde los familiares deben permanecer al menos a dos metros de distancia. Sin embargo, añade que el sistema de salud del país enfrenta serios desafíos durante la pandemia, incluida la falta de información a los familiares de pacientes con coronavirus.
Análisis de InSight Crime
La corrupción al interior de los sistemas de salud es una empresa criminal arraigada en América Latina, pero la explotación del dolor y la desesperación causados por la pandemia es particularmente horrible.
En Perú ya se han presentado casos similares. Un grupo clonó la página web de una compañía de suministros médicos y les hizo cobros a individuos por tanques de oxígeno que nunca llegaron. En junio fue desmantelada una organización criminal que producía medicamentos falsificados que se utilizaban para tratar los síntomas del coronavirus y eran vendidos a farmacias e individuos hasta por un 1.000 por ciento más.
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Y esta situación se ha extendido por toda la región. En los peores momentos de la crisis del coronavirus en Ecuador, cuando había cientos de muertes al día, los fabricantes de bolsas para cadáveres aumentaron drásticamente el precio de venta para los hospitales públicos de Guayaquil. Por otra parte, en México, un grupo de delincuentes les cobraban a los familiares de pacientes fallecidos por Covid-19 hasta 15.000 pesos (US$677) por certificados de defunción falsos. Los médicos le vendían documentos falsificados a la banda, en los que constaba que los pacientes habían muerto por otras enfermedades, lo que les permitía a las familias reclamar los cuerpos.
Hasta el 29 de agosto, Perú tenía más de 630.000 casos de Covid-19 y más de 28.400 muertes, además de tener la cuarta tasa de mortalidad más alta del mundo, según datos de Johns Hopkins.
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