Según los informes de los medios locales, empleados del presunto clan del narcotráfico Valle Valle han protestado contra la reciente incautación de propiedades realizada por las autoridades de Honduras, ilustrando la importancia económica y social que las grandes organizaciones criminales pueden llegar a tener en sus áreas de influencia.
La Tribuna informó que cientos de agricultores y empleados, que trabajaban en las propiedades y negocios recientemente incautados a los Valle, marcharon para exigir que el presidente Juan Orlando Hernández garantiza su futuro empleo.
Los manifestantes dijeron al periódico que estaban marchando porque las acciones del gobierno habían cortado la fuente de ingresos de cientos de familias.
Fuentes oficiales anónimas dijeron al diario que las protestas eran una muestra de solidaridad con los Valle, que, dijeron, no sólo proporcionaban puestos de trabajo a los locales, sino también les daban tierra para que cultivaran sus propias cosechas.
La Tribuna también señaló que las autoridades hondureñas continúan con sus operaciones para localizar más propiedades así como a los demás miembros de la familia Valle Valle.
Análisis de InSight Crime
Durante las últimas semanas, el clan criminal Valle -posiblemente el grupo de transporte de drogas más importante de su país- ha estado en la mira tanto de las autoridades de Honduras como de Estados Unidos.
A raíz de la detención de Digna Valle Valle en Florida, las autoridades de Honduras han incautado 52 propiedades pertenecientes a la familia, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó al grupo a su lista de capos (“Kingpin List"), imponiendo sanciones financieras a la familia y a los negocios asociados a ella.
VEA TAMBIÉN: Perfil de los Valles
Las protestas en Copán destacan el efecto en cadena que puede tener este tipo de acciones, sobre todo en economías pequeñas como Honduras. En esas regiones, donde la pobreza es rampante y las oportunidades de empleo son pocas, los grupos del crimen organizado pueden ser un importante motor de la economía local al generar inversión y empleo a través de sus actividades de lavado de dinero, generando a su vez un sentimiento de lealtad hacia los jefes criminales.
El contraste entre la gran riqueza de estas redes y la pobreza de Honduras es sorprendente. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los Cachiros, otro de los grupos de transporte de Honduras, tiene un estimado de US$500 millones en activos, lo que de ser cierto significaría que su riqueza equivale al 2,7 por ciento del PIB de todo el país.
Sin embargo, las supuestas expresiones de solidaridad de las comunidades cercanas a este tipo de grupos deben ser vistas con escepticismo. Como InSight Crime ha señalado en el pasado, las protestas públicas pueden ser instigadas por las mismas organizaciones criminales para alcanzar sus propias metas.
SUSCRIBIRME