FBI: empresa canadiense adaptaba teléfonos encriptados para carteles

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Las autoridades estadounidenses detuvieron al jefe de una firma canadiense que presuntamente ganó millones de dólares con la venta de teléfonos móviles optimizados para esconder actividades criminales, lo que pone en evidencia la creciente importancia de las comunicaciones encriptadas para los grupos criminales.

Vincent Ramos, fundador de Phantom Security Communications, también conocida como Phantom Secure, fue arrestado el 8 de marzo, en el estado de Washington, Estados Unidos, imputado por operar por medio de su empresa una red de comunicaciones telefónicas seguras que ofreció teléfonos encriptados a grupos del crimen organizado con pleno conocimiento de ello, incluyendo al cartel de Sinaloa.

En una denuncia presentada ante un juzgado federal , la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) aseveró que “las redes de Phantom Secure estaban diseñadas específicamente para evitar que las autoridades interceptaran y monitorearan las comunicaciones en la red”, y que la empresa ofreció servicios con el fin de ayudar a organizaciones narcotraficantes transnacionales.

La firma presuntamente vendía teléfonos Blackberry a los que se habían retirado las cámaras, micrófonos y mensajería estándar por texto e internet. En su lugar, los dispositivos traían precargadas plataformas de correo electrónico encriptado.

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Phantom utilizaba servidores registrados en Panamá y Hong Kong, creyendo que en esos países sería menos probable que se vigilaran las comunicaciones o se cooperara con autoridades extranjeras. La firma también empleaba otras técnicas para ocultar las huellas digitales de sus clientes.

Phantom sostenía que podía borrar a distancia cualquier dispositivo que cayera en manos de las autoridades, según se registra en la denuncia.

Los teléfonos costaban entre US$2.000 y US$3.000 cada uno por un período de seis meses. Muchos de los clientes de Phantom también usaban direcciones de correo electrónico encriptadas asociadas a la narcocultura, como “The.cartel@freedomsecure.me” y “Elchapo66@lockedpgp.com”.

Análisis de InSight Crime

Las plataformas de correo electrónico encriptadas no son ilegales, y hay muchas razones legítimas por las que alguien usa el cifrado para proteger sus mensajes electrónicos. De igual modo, no va necesariamente contra la ley vender un teléfono con tecnología de encriptado instalada. Pero en este caso, las autoridades afirman que todo el modelo de negocio de Phantom giraba en torno a la venta de teléfonos encriptados a los grupos criminales.

“Las autoridades están diciendo que el negocio de Ramos hacía parte de una conspiración para la venta de narcóticos, con base en lo que él declaró a agentes encubiertos”, explicó a InSight Crime el periodista Joseph Cox.

Anteriormente, muchos delincuentes usaban “teléfonos desechables”, o aparatos móviles prepago baratos para limitar la capacidad de las autoridades de rastrear sus comunicaciones. Sin embargo, parece que los grupos criminales se han mantenido actualizados en avances tecnológicos, y están dispuestos a pagar por productos de primera calidad como los que Phantom ofrece.

De hecho, Cox destapó varias operaciones similares de distribución de teléfonos especializados mediante una red de revendedores que se anuncian por cuentas de redes sociales. Muchas de esas cuentas muestran imágenes asociadas con el narcotráfico, como armas, narcóticos y dinero en efectivo.

Los criminales no solo están comprando un dispositivo encriptado, comentó Cox. “Están apoyando la red… Un dispositivo de Phantom Secure solo puede comunicarse con otro dispositivo de Phantom Secure”.

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No es la primera vez que un servicio de mensajería encriptada es blanco de críticas en Latinoamérica por dificultar el rastreo de mensajes de criminales, y también se sabe que tecnologías emergentes, como la web oscura favorecen a los grupos criminales que operan en la región.

El uso de tecnologías legales para fines ilegales plantea difíciles dilemas a las autoridades, obligadas a equilibrar el derecho de los clientes a su intimidad con su mandato de evitar y perseguir las actividades ilegales.

Perseguir a los grupos criminales no es nada nuevo, pero “lo que estaba faltando en el debate son las empresas que venden estos dispositivos a los grupos criminales”, acotó Cox.

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