Desde que una ley de 2009 proporcionó nuevos poderes a los fiscales, México ha iniciado tan sólo 29 procesos judiciales para recuperar bienes vinculados al crimen organizado, lo que pone en duda la eficacia de la ley.
Las acciones han tenido como blanco las propiedades pertenecientes a conocidos grupos criminales como la Organización de los Beltrán Leyva (OBL), así como los activos del ex jefe del Cartel de Tijuana, Teodoro García Simental, alias "El Teo", informa Excelsior.
Hasta ahora, sólo dos propiedades han sido recuperadas con éxito por el Estado, cada una valorada en más de US$235.000, además de casi US$70.000 en efectivo, mientras que otros procesos judiciales siguen en curso.
La Ley Federal de Extinción de Dominio permite la confiscación de propiedad que pertenece directamente a grupos e individuos criminales, así como los activos utilizados para la actividad criminal, siempre y cuando se pueda demostrar que los propietarios de los activos estaban al tanto de dicha actividad criminal.
Los activos confiscados hasta ahora incluyen bienes utilizados en el secuestro de dos hermanas de la cantante mexicana Thalia en 2002, así como propiedades relacionadas con los últimos días del capo Arturo Beltrán Leyva, quien murió en un tiroteo con infantes de marina mexicanos en 2009.
Análisis de InSight Crime
La ley de extinción de dominio de 2009 da a las autoridades mexicanas una nueva herramienta poderosa en la lucha contra el crimen organizado, pero con menos de US$1 millón en propiedades reclamadas desde que la ley entró en vigencia, es claro que la Procuraduría General de la República (PGR) y los tribunales han tenido serios problemas en aplicarla con rapidez.
El proceso se ha frenado debido a que cuando se está probando que los activos fueron propiedad o eran utilizados ??por criminales, los fiscales no deben depender únicamente de las confesiones como evidencia, según Excelsior.
Esto no es un reto importante para los fiscales en los casos en los que los criminales han sido descubiertos utilizando la propiedad como guarida, o en los que la evidencia obvia de la actividad criminal ha sido descubierta. Se hace más complicado cuando el caso involucra un rastro indirecto de dinero que vincula los activos con los grupos criminales.
Como se detalla en un informe de 2012 del Congreso de México, hay otros tecnicismos legales que han impedido que la ley sea plenamente efectiva. La capacidad del gobierno de México en desarrollar su capacidad para el cumplimiento de la legislación, determinará si podrá considerarse como un éxito en los próximos años.
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