Juan Orlando Hernández, el nuevo presidente de Honduras, obtuvo un índice de aprobación del 66 por ciento en una nueva encuesta de CID/Gallup, lo que indica un importante apoyo público para un presidente cuya elección a finales de 2013 aumentó la preocupación internacional con respecto a su posición de línea dura frente al crimen.
Cuando se pidió a los encuestados nombrar los logros de Hernández en sus primeros 100 días de administración, el 26 por ciento mencionó la reducción del crimen, el 10 por ciento la creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), y el 7 por ciento citó la generación de nuevos puestos de trabajo y la ayuda a las pequeñas empresas, informó La Prensa. Hernández diseñó la policía militar -que entró en funcionamiento el año pasado- durante su tiempo en el Congreso.
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A pesar del apoyo a su postura sobre el crimen, sólo el 38 por ciento de los encuestados cree que la corrupción ha disminuido en la administración de Hernández, frente a un 35 por ciento que piensa que no ha cambiado y un 22 por ciento que cree que ha aumentado.
Análisis de InSight Crime
El presidente Hernández llegó al cargo con un mandato débil, logrando sólo el 34 por ciento de los votos en las elecciones de noviembre de Honduras, en comparación con el 29 por ciento obtenido por su rival, rival Xiomara Castro. El hecho de que ahora goce de una tasa de aprobación del 66 por ciento habla de la popularidad de sus medidas de "mano dura", que representan una continuación de las políticas de lucha contra el crimen originalmente implementadas por el expresidente Ricardo Maduro (2002-2006). El apoyo de Hernández hacia estas medidas, que incluyen un enfoque militarizado de la seguridad ciudadana, ha sido motivo de preocupación para los expertos internacionales y locales.
A pesar de la popularidad de este enfoque, sus efectos son cuestionables. Después de años de estas medidas, actualmente Honduras es el país más peligroso en tiempos de paz en el mundo, y se ha convertido en un importante centro para la actividad del crimen organizado, mientras que el crimen callejero y el de las pandillas continúa siendo rampante.
Las políticas de mano dura también pueden conducir a encarcelamientos masivos, proporcionando a las fuerzas de seguridad la autoridad para arrestar a personas simplemente si sospechan que pertenecen a alguna pandilla. Además de aumentar los problemas de Derechos Humanos, esto ha causado un grave hacinamiento en las cárceles de Honduras y su vecino El Salvador, que a su vez ha permitido a las pandillas y a la violencia prosperar dentro de las cárceles.
Este enfoque de la seguridad también ha sido criticado por no abordar las causas fundamentales del crimen, como la corrupción institucional y el desempleo. La fuerza policial de Honduras es notoriamente corrupta, y la impunidad en el país sigue siendo grave. A pesar de que lo alcanzado por Hernández puede ser popular en el corto plazo, para percibir una reducción sostenida de los homicidios y el crimen, es probable que también sea necesario hacer frente a estos factores.
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