Las autoridades están entregando vehículos de lujo incautados a criminales en México y Argentina para uso de los cuerpos de policía, pese a su reputación de corruptos y a su participación en crimen organizado.
En abril, 10 vehículos de alto cilindraje expropiados al crimen organizado fueron entregados a la policía en el central estado de Guanajuato, en México. Los automóviles incluían un Chevrolet Camaro, un Chevrolet Camaro, un Mustang, dos Cadillacs y un Corvette, todos valorados entre US$26.200 y US$146.000.
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El año anterior, en Argentina, se cedió a la policía de Buenos Aires cinco vehículos confiscados en un operativo a un cartel narcotraficante a finales de 2017. La policía planeaba reutilizar los autos, entre ellos marcas de alta gama, como Audi y Mercedes, para patrullar algunas vías y autopistas en la provincia de Buenos Aires.
“Recuperar estos vehículos para sumar a la seguridad nos da fuerzas para seguir combatiendo el flagelo de la droga”, explicó el ministro de seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, en la entrega de los automotores el año pasado. “Lo que se usaba para el mal fue reciclado para el bien”.
Otros organismos estatales también están sacando máximo provecho de los bienes confiscados. En mayo de 2018, la Marina argentina añadió a su flota un Ferrari expropiado, por valor de US$300.000, junto con un yate que era propiedad del exfuncionario de gobierno Ricardo Jaime, detenido por cargos de corrupción.
Análisis de InSight Crime
Aunque sumar autos deportivos confiscados al parque automotor de la policía es una manera sencilla de reutilizar activos expropiados al crimen organizado, los escépticos seguramente cuestionarán la lógica detrás de la asignación de autos de lujo a una rama del estado que con frecuencia es tachada de malas conductas, como es el caso tanto en México como en Argentina.
En ambos países, la entrega de vehículos de alta gama a actores estatales que pueden estar involucrados en crimen organizado puede resultar una medida desacertada, además de que puede ser impopular entre la opinión pública que no confía en la Policía.
Guanajuato, el estado mexicano cuya institución policial recibió varios vehículos de alta gama confiscados, registró 1.058 casos de corrupción policial en 2017, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.
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Pero este problema se extiende a todo el territorio nacional, donde los servidores de esa institución son altamente susceptibles a la corrupción por falta de entrenamiento y respaldo adecuados y salarios insuficientes. Pese a las promesas de reforma, la policía mexicana es la rama que menos confianza genera entre las fuerzas de seguridad del país, según una encuesta nacional realizada en 2018 por encargo de la Cámara de Diputados.
En México, esta política también está en desacuerdo con el compromiso de austeridad pregonado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde su investidura a comienzos de este año, el mandatario vendió la limosina y el jet privado del ejecutivo, y ya no vive en el palacio presidencial, una imagen que contrasta con los agentes de la policía patrullando las calles en autos deportivos trucados.
La corrupción también es una plaga entre los organismos de seguridad en Argentina. Solo en Buenos Aires, 9.236 agentes de policía fueron apartados de sus funciones entre diciembre de 2015 y abril de 2018. 625 perdieron la libertad por diferentes cargos penales, entre los que se cuentan la corrupción y delitos de drogas.
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