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Error de Fiscalía absuelve de cargos por narcotráfico a paramilitar colombiano

AUC / 4 ENE 2016 POR MIMI YAGOUB ES

La Corte Suprema de Justicia de Colombia absolvió de la condena por narcotráfico a un exlíder paramilitar, lo que reaviva las dudas sobre la voluntad y la capacidad del país para impartir justicia a sus más sonados criminales de guerra.

El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso fue exonerado de una condena por narcotráfico porque la Fiscalía General de la República no consiguió presentar evidencia suficiente de sus actos, informó El Tiempo.

La corte dictaminó que aunque los fiscales presentaron información general sobre operaciones de narcotráfico en el área, no presentaron pruebas fácticas sobre el modus operandi o las circunstancias en las que fueron cometidos los delitos, informó Colprensa.

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Entre otros factores, los fiscales no lograron indicar la cantidad y ubicación de pistas de aterrizaje usadas para el tráfico de drogas, así como tampoco qué propiedades fueron usadas y qué otros actores estuvieron implicados en los crímenes, según informes de la agencia noticiosa.

La decisión absuelve parcialmente a Mancuso, así como al exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias "El Iguano" y a otros miembros del célebre Bloque Catatumbo de las AUC de una sentencia dictada contra ellos en 2014, por un juzgado de Bogotá.

Los crímenes de Mancuso habrían sido cometidos entre 1996 y finales de 2004. Los fiscales también lo acusaron de participar en el cultivo, la producción y el tráfico de drogas.

Colprensa informó que este segundo dictamen también consideró inadmisible levantar contra los acusados cargos que no estuvieran relacionados con el Bloque Catatumbo, como en el caso del narcotráfico, considerando que el deber de la corte era analizar las actividades del bloque paramilitar en el departamento de Norte de Santander, y no los delitos ocurridos en otros departamentos antes de 1999.

Estados Unidos imputó a Mancuso por narcotráfico en 2002, como resultado de lo cual fue extraditado en 2008, tras la desmovilización de la organización paramilitar de las AUC.

Análisis de InSight Crime

Este mayúsculo traspié ha renovado la atención sobre las ambigüedades tanto éticas como legales en la condena de algunos de los más temibles criminales de guerra en Colombia. Como ilustra este caso, el sistema judicial colombiano sigue cometiendo errores elementales en la condena a paramilitares.

Otros casos han levantado banderas de alerta similares. En 2013, la Corte Suprema absolvió a Mancuso de una masacre perpetrada en 1996, la cual había admitido años atrás, porque los fiscales no presentaron evidencias sólidas.

Que estos errores sean o no resultado de deficiencias, suscitan dudas sobre la determinación de las autoridades colombianas de condenar a criminales de guerra reconocidos. En otro caso reciente, la Corte Suprema adujo evidencia insuficiente cuando desestimó una acusación contra el coronel Alfonso Plazas, pese a que ya había sido hallado culpable del delito de desaparición forzosa de varias personas en la toma de 1985 al Palacio de Justicia, en la que guerrilleros de izquierda tomaron como rehenes a varios magistrados de la Corte Suprema y a empleados del lugar.

Los cuestionamientos no se limitan al sistema judicial colombiano. La parte acusadora contra varios exlíderes paramilitares en cortes de Estados Unidos también ha pasado a escrutinio.

Numerosos jefes de las AUC, incluyendo a Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", están pagando condenas en Estados Unidos pese al acuerdo de desmovilización pactado con el gobierno colombiano en 2004, del que inicialmente se creyó los blindaría de la extradición.

Casi diez años después, aún no hay claridad sobre si estos criminales pagarán cárcel en Colombia por los innumerables abusos contra los derechos humanos una vez terminen sus largas sentencias por narcotráfico en Estados Unidos.

La indulgente sentencia dictada hace poco al excomandante del Bloque Norte de las AUC, Jorge 40, en un tribunal de Estados Unidos, ilustra ese problema. En Colombia, Jorge 40 está acusado de más de 20.000 crímenes, pese a lo cual podría quedar en libertad en tan solo cinco años.

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