La Corte Suprema de El Salvador ha acusado de enriquecimiento ilícito al exdirector del instituto de seguridad social del país, lo cual pone de relieve la profunda susceptibilidad del organismo a la corrupción en la región del Triángulo Norte de Centroamérica.
Leonel Flores Sosa, quien se desempeñó como director del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS) entre 2011 y 2014, está siendo investigado por una serie de transacciones bancarias sospechosas ocurridas durante su administración.
Según la Corte Suprema, Flores Sosa recibió depósitos por unos US$512.000 e hizo retiros superiores a US$367.000 durante su mandato, a pesar de ganar un sueldo de sólo US$194.733. La Corte Suprema agregó que Sosa no logró explicar su compra de un Mercedes Benz por valor de US$60.000, o la de un BMW Mini Cooper por US$15.000, ni tampoco cómo pudo financiar más de US$159.000 en compras con tarjetas de crédito.
Además, la corte descubrió que Flores Sosa y su esposa Dennis Karina Hernández de Flores tenían cerca de US$105.000 ahorrados en cuentas que no fueron declaradas, por lo que la cantidad total de ingresos dudosos asciende a más de US$600.000.
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La investigación también reveló que algunos de los depósitos sospechosos fueron realizados por empleados del instituto, quienes al parecer recibieron miles de dólares en efectivo de parte de la asistente personal de Flores Sosa, Mildred Díaz, y que luego llegaron de nuevo a manos del exdirector.
Análisis de InSight Crime
Las denuncias de corrupción en altos niveles del ISSS son un poco sorpresivas, teniendo en cuenta que las autoridades en los vecinos países de Guatemala y Honduras han descubierto enormes redes de fraude en sus respectivos organismos de seguridad social en los últimos años.
Como InSight Crime informó anteriormente, varios factores hacen que los sistemas de seguridad social de Centroamérica sean blancos fáciles de la corrupción. En primer lugar, son instituciones enormes. El ISSS, por ejemplo, tiene un presupuesto de unos US$492 millones, lo que representa aproximadamente el 10 por ciento de los US$4,8 mil millones de los gastos totales del gobierno en 2015.
Además, estos organismos realizan un gran número de contratos, a menudo con empresas ligadas a funcionarios del gobierno. El mismo Flores Sosa hizo referencia a esto último en marzo del año pasado, cuando dijo: “Esta institución, a la que tanto respeto, ha sido históricamente la caja chica de intereses políticos de turno”.
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Pero quizá la principal razón de la prevalencia de la corrupción es la impunidad generalizada en la región, donde incluso los delitos más graves suelen quedar impunes. El director regional de Transparencia Internacional para las Américas, Alejandro Sales, dijo en una entrevista reciente que el limitado acceso público a la información sobre contratos y la falta de autonomía judicial han contribuido a generalizar este problema.
“Muchas veces los funcionarios que quieren hacer las cosas bien se enfrentan a la burocracia de su propia institución”, dijo Sales. “Hay que reconocer que no es tan fácil llegar a instituciones donde ya hay mafias instaladas”.
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