Mientras el mayor escándalo por corrupción que Brasil haya visto sigue enredando a las élites políticas y empresariales del país, un testimonio potencialmente condenatorio de un antiguo aliado aprieta el cerco alrededor de la presidenta Dilma Rousseff.
El exsenador Delcídio do Amaral alega que Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva están implicados directamente en el caso de corrupción generalizada centrado en la gigante petrolera estatal Petrobras.
Los avances hace parte de la llamada "Operación Lava Jato", que investiga un escándalo de sobornos y coimas que involucra a directivos y proveedores de Petrobras, el cual le ha costado miles de millones de dólares a la empresa, parte de los cuales presuntamente se dirigieron al Partido de los Trabajadores (PT), al que están afiliados Rousseff y Da Silva.
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En entrevista con la revista Veja, Amaral afirmó que Da Silva, conocido popularmente como "Lula", comandaba el esquema y que Rousseff lo heredó al asumir el cargo en 2011. "Dilma también sabía todo", declaró a Veja. "La diferencia es que ella fingía no tener nada que ver con el caso".
Amaral fue arrestado en noviembre de 2015 por su presunta participación en el escándalo de Petrobras. Anteriormente, en su declaración a la fiscalía como parte de su acuerdo de sentencia anticipada (vea su acuerdo de cooperación con la justicia aquí - pdf) había dicho que Rousseff y Lula estaban al tanto del esquema de coimas en Petrobras.
En su declaración a los fiscales, Amaral también acusó a la presidenta Rousseff de obstrucción a la justicia por el nombramiento de un juez favorable a sus intereses como magistrado de la Corte Suprema. Amaral declaró que el juez impidió un arresto y facilitó la liberación de sospechosos implicados en el caso de Petrobras.
El exjefe de gabinete de Rousseff y actual ministro de educación ofreció a Amaral sobornos para que callara lo que sabía del escándalo, declaró el exsenador a los fiscales.
La declaración de Amaral es la primera en la que se vincula directamente a Rousseff con el escándalo, informó el Wall Street Journal, mientras que Lula fue detenido anteriormente para un interrogatorio.
Tanto Rousseff como Lula niegan las acusaciones contra ellos, mientras que Rousseff procedió a demandar a Amaral por lo que la presidencia describió como declaraciones difamatorias.
Análisis de InSight Crime
Las acusaciones del exsenador Amaral son muy dañinas para un gobierno que se ha estremecido en sus bases por el escándalo, así como por la actual crisis económica. Sin embargo, está pendiente el veredicto de si el creciente caso de corrupción en Petrobras puede causar la caída de la presidencia.
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Es especialmente difícil llevar ante la justicia a miembros de las élites política y empresarial de Brasil, aunque la sentencia reciente impuesta al empresario Marcelo Odebrecht a 19 años de cárcel, en el marco de la Operación Lavado de Autos, indica que esta tendencia a la impunidad podría estar cambiando.
La opinión pública en Brasil parece casi unánime contra Rousseff y Lula, a juzgar por la escala de las protestas contra el gobierno en los últimos días. Según una encuesta reciente realizada por Datafolha, 68 por ciento de los brasileños interrogados cree que Rousseff debe someterse a juicio político. Esta propuesta solo puede ser aprobada si tanto el Senado como la Cámara de Diputados votan por el juicio político a Rousseff por una mayoría de dos terceras partes, como había dicho a InSight Crime el analista Daniel Caplin de la consultora S-RM.
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