En Ecuador y Chile, dos de las instituciones de policía más confiables de Latinoamérica han sido golpeadas por escándalos de corrupción recientes, un recordatorio de que incluso las fuerzas de seguridad más respetadas en la región están lejos de ser perfectas.
La policía nacional de Ecuador se encuentra sumida en uno de los casos de corrupción más graves de la historia reciente de esa institución.
Se dice que el comandante en jefe y otros oficiales de policía de alto rango aprobaron el traslado de otros oficiales a diferentes ciudades a cambios de sobornos que oscilan entre US$1.500 y US$4.000, informó El Comercio en junio. Según el medio de periodismo investigativo ecuatoriano Plan V, entre 2014 y 2015 se procesaron más de 47.000 pases, que supuso al grupo unos US$16 millones, según El Comercio.
Más aún, entre 2013 y 2017, casi 1.000 agentes de la policía nacional ecuatoriana fueron destituidos, según información de El Telégrafo. Poco menos de la mitad de ellos fueron despedidos por presunta conducta criminal. Más recientemente, se dio de baja a dos agentes luego de que cargaran 85 kilogramos de cocaína en un vehículo de patrulla, mientras que otros dos fueron despedidos por liderar supuestamente una red de extorsión.
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Entretanto, en Chile, los arrestos se siguen sumando mientras se revela un escándalo de fraude por varios millones de dólares en el cuerpo de la policía nacional del país, conocido como los Carabineros.
Veintiuna personas han sido implicadas en la última serie de capturas, lo que aumenta a 118 el total de los presuntos implicados en el escándalo, informó La Nación. El escándalo de malversación desvió presuntamente hasta 25 mil millones de pesos chilenos (alrededor de US$40 millones) de las arcas de la institución a las cuentas personales de los agentes investigados.
En la audiencia de comienzos del año, el fiscal chileno Eugenio Campos calificó el escándalo como "la malversación más grande de la historia de Chile".
Análisis de InSight Crime
Los cuerpos de policía de Chile y Ecuador gozan ampliamente de buena reputación, como dos de las instituciones de orden público más profesionales y confiables de Latinoamérica. En el pasado, la fuerza de policía de Ecuador fue descrita incluso como un "modelo a seguir en la región". Los dos países también ostentan unas de las tasas de homicidios más bajas de la región, lo que suele usarse como indicador de la eficacia de la policía.
Sin embargo, encuestas recientes muestran que los ciudadanos sienten que la corrupción empeora en Latinoamérica y las fuerzas de policía tienden a ser los primeros organismos golpeados por la corrupción del crimen organizado. Aunque los escándalos recientes en los países suramericanos son ejemplos de esquemas de corrupción interna, en oposición a la cooptación por parte de grupos externos, la aparente voluntad de involucrarse en actos corruptos por parte de grandes segmentos de ambas fuerzas indica que pueden ser susceptibles a la influencia externa.
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Tanto Chile como Ecuador son puntos de trasbordo importantes para el tráfico global de cocaína. Es posible que el auge en la producción de cocaína en la región andina dé a los grupos criminales de ambos países mayores recursos que puedan emplear para intentar cooptar a los organismos de seguridad.
La policía nacional de Ecuador está casi indiscutiblemente en mayor riesgo que los Carabineros de Chile. Varios decomisos recientes de varias toneladas indican que el país está aumentando su importancia en el tráfico global de drogas. Corromper a las fuerzas de seguridad, lo que los grupos criminales han hecho en el pasado en Ecuador, es muchas veces la base para que estos grandes cargamentos logren pasar.
Los grupos criminales también parecen estar aumentando sus actividades en Chile. Un informe reciente documentó un explosivo crecimiento de la circulación de cigarrillos de contrabando en los últimos años, que se relaciona con organizaciones criminales sofisticadas, cuya operación por lo general depende de la complicidad de agentes de seguridad. También se ha desmantelado unos 20 laboratorios de cocaína en Chile durante el último año, lo que señala una posible evolución del rol del país de punto de consumo y trasbordo de narcóticos para incluir las operaciones de producción.