Las autoridades de México han anunciado órdenes de captura contra varios funcionarios del gobierno por su presunta conexión con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que aporta nuevas esperanzas de que el sonado escándalo llegue a alguna forma de resolución.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, anunció las órdenes de captura contra 43 empleados gubernamentales de diferentes municipios del estado de Guerrero, al suroeste del país, por cargos de desaparición forzada y crimen organizado, según un comunicado de esa entidad, fechado el 30 de junio.
El anuncio ocurrió un día después de que las autoridades arrestaron a José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, presunto jefe de Guerreros Unidos, sospechoso de tener un rol clave en la desaparición forzada de los estudiantes.
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También se expidió recientemente una orden de captura contra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a quien los fiscales acusan de plantar evidencias y torturar a testigos para inducir confesiones, entre otros delitos derivados de la investigación del gobierno. El exfuncionario huyó del país, según Animal Político, al conocerse la orden de detención.
Han pasado casi seis años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. La administración del expresidente Enrique Peña Nieto aseguraba que la policía local había coordinado con Guerreros Unidos el secuestro de los estudiantes, y que aquellos luego los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero.
La evidencia forense, sin embargo, desmintió contundentemente esa versión de los hechos, y el destino de los estudiantes desaparecidos sigue sin conocerse.
Análisis de InSight Crime
Pese a los activos esfuerzos de la administración Peña Nieto por encubrir la verdad en la investigación del paradero de los estudiantes, estos nuevos avances indican que el presidente Andrés Manuel López Obrador —quien en su posesión se comprometió a hallar respuestas y dar un cierre a los allegados de los estudiantes— trabaja para cumplir su palabra.
Aun así, los observadores internacionales y las familias de los estudiantes desaparecidos mostraron un cauto optimismo, y tienen razones para ello. Días después de la captura, varios audios filtrados revelaron que El Mochomo salió de prisión luego de pagar un soborno de un millón de pesos mexicanos a los funcionarios de un juzgado de distrito del estado de México, como informó Imagen Noticias a comienzos de julio.
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Poco después de su excarcelación, El Mochomo fue detenido de nuevo por cargos de crimen organizado diferentes a la investigación de Ayotzinapa, informó Milenio.
Aunque no es clara la dirección que tomará la investigación sobre la presunta participación de El Mochomo en las desapariciones, las órdenes de captura contra las docenas de funcionarios estatales del gobierno de Guerrero son un paso importante. Por mucho tiempo se ha especulado sobre la implicación de las autoridades locales en el crimen del que fueron víctimas los estudiantes.
De hecho, en noviembre de 2014 las autoridades pusieron bajo custodia al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, por denuncias de que la pareja estaría involucrada como autores intelectuales del crimen. Ellos siguen en prisión hasta el día de hoy, pero ninguno ha comparecido en juicio aún.
Los recientes avances en el caso significan un paso adelante para los allegados, quienes llevan más de cinco años marchando por todo México y exigiendo respuestas. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer antes de que la administración de López Obrador pueda cerrar la investigación de manera definitiva y resolver la que puede ser la herida abierta más grande del país.
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