La mara Barrio 18 en El Salvador participó presuntamente en una extorsión a gran escala de un proyecto de acueducto comunitario, lo que pone de relieve las fallas en las aseveraciones del gobierno de que la seguridad mejora en el país.
Miembros de la mara Barrio 18 presuntamente cobraron US$5.000 dólares mensuales en extorsiones a un proyecto de gestión de acueducto comunitario en la población de San Pedro Perulapán, en el departamento central de Cuscatlán, en El Salvador, informó La Prensa Gráfica.
Fuentes que hablaron con La Prensa Gráfica a condición de que se mantuviera su anonimato dijeron que el esquema era dirigido por Rudy Eleazar Rodríguez, alias "Concha", el presunto líder del grupo de Barrio 18 que controla la zona.
En lugar de denunciar las amenazas, la comunidad decidió obedecer las órdenes de la pandilla, por lo que se elevaron las tarifas de servicio del proyecto de US$6 a US$9 al mes.
Denunciar estas extorsiones "es como ir a pedir que lo maten", comentó un residente a La Prensa Gráfica.
De hecho, en noviembre de 2016 y abril de 2017, fueron asesinados dos hombres, supuestamente por órdenes de Concha. Las autoridades creen que se habían retrasado en los pagos de extorsiones.
Análisis de InSight Crime
La estructura de extorsiones conformada por Barrio 18 en San Pedro Perulapán señala que las pandillas en El Salvador siguen ejerciendo un control importante en muchas zonas del país, pese a una agresiva campaña de varios años con el propósito de aniquilar estos grupos criminales.
El hecho de que Barrio 18 pudiera cobrar varios miles de dólares al mes en extorsiones de un proyecto comunitario pone de relieve la fuerza territorial del grupo, y la decisión de la comunidad de pagar a la pandilla en lugar de denunciar sus amenazas también destaca una grave falta de confianza en las instituciones de orden público.
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No cabe duda de que la tasa de homicidios en El Salvador ha estado declinando, una tendencia que la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén ha atribuido a la implementación de unas "medidas extraordinarias" diseñadas para desestabilizar las operaciones de la pandilla tanto en las prisiones del país como en las calles. Sin embargo, puede haber una explicación alternativa para la caída de los homicidios; los líderes de las pandillas han atribuido la baja a la orden de parar los homicidios, que se dió a los soldados rasos hacia finales de marzo de 2016.
Ha habido otras señales preocupantes de que el poder de las pandillas no cede ante la duradera ofensiva; esto incluye una reciente racha de asesinatos aparentemente coordinados contra familiares de miembros de las fuerzas de seguridad de El Salvador. La revelación del esquema de extorsiones en Perulapán sirve como otra señal de hay que pasar por cierto tamiz de escepticismo los pronunciamientos del gobierno sobre los avances en materia de seguridad.
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