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¿Está Argentina lista para sanear su poder judicial?

ARGENTINA / 26 ENE 2018 POR JOSEFINA SALOMÓN ES

Una investigación oficial sobre la corrupción judicial, que se iniciará próximamente en Argentina, podría hacer revelaciones sobre el cuestionado poder judicial en el país y abrir las puertas para las necesarias mejoras en el sistema, como la eliminación de las barreras para resolver una gran cantidad de casos que involucran a poderosos miembros de las élites políticas y económicas.

Miguel Piedecasas, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano judicial encargado de seleccionar y destituir a los jueces, le dijo a Clarín que el organismo publicará próximamente los resultados de la primera auditoría sobre los jueces federales que han investigado casos de corrupción desde 1996. Indicó que el informe dará a conocer los bajos niveles de condenas y las altas tasas de absolución, que permiten suponer que los casos de corrupción pueden haber sido objeto de manipulación o sesgo.

Piedecasas señaló además que las demoras en los procesos, que suelen ser consecuencia de maniobras políticas de los jueces o abogados, conducen a que los casos expiren antes de que se dicte sentencia. Esto lleva a que muchos de los acusados de corrupción logren evadir la justicia por tecnicismos jurídicos y no por el peso de las evidencias.

El informe, que se hará público en marzo, después de que los jueces que han sido investigados tengan la oportunidad de hacer sus descargos, incluirá detalles de 2.264 casos de corrupción que se encuentran actualmente en los tribunales. Se divulgarán los nombres de los jueces a cargo de los casos, mas no así los nombres de los acusados.

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Según un análisis de varios casos realizado por La Nación, casi la mitad de las causas de corrupción que han llegado a los tribunales están estancados.

Piedecasas le dijo a La Prensa que el Consejo también se encuentra auditando las investigaciones relacionadas con el narcotráfico, aunque no proporcionó más detalles sobre este estudio, que se encuentra actualmente en marcha, pero en una etapa anterior a la de los casos sobre corrupción.

En la historia reciente de Argentina abundan los ejemplos de acusaciones de corrupción y lavado de dinero contra autoridades de alto nivel y otras personas vinculadas a los casos, que el país no ha logrado enjuiciar de manera efectiva. Esta impunidad generalizada ha promovido la noción de que la corrupción es de alguna manera aceptable y ha contribuido al desarrollo de redes ilegales con la participación de poderosos miembros de las élites.

La arraigada corrupción en Argentina ha llamado la atención en los últimos años, después de que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios y empresarios locales, así como algunos de sus parientes, fueron acusados de lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Algunas personalidades importantes todavía están siendo investigadas.

Análisis de InSight Crime

Los comentarios de Piedecasas ante los medios de comunicación permiten suponer que el informe será muy crítico con respecto al desempeño de los jueces que han estado encargados de los casos de corrupción en Argentina.

El hecho de que por primera vez se haya encomendado un informe de este tipo demuestra no sólo que Argentina podría estar preparada para enfrentar su larga historia de corrupción, sino además que este es el momento oportuno para hacer algo al respecto.

Durante mucho tiempo, los analistas han señalado las evidencias de la parcialidad en el poder judicial argentino, y se ha reprochado a los jueces por su incapacidad para enfrentar a las redes criminales, cuyo poder ha aumentado en el país en las últimas dos décadas.

No es casual que los bajos niveles de condena y las altas tasas de absolución en los casos relacionados con corrupción hayan llamado la atención del presidente de la Magistratura de la Nación, que está compuesto por representantes de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, así como por dos abogados y un académico.

Desde que Piedecasas fue elegido como parte del organismo judicial en 2015, parece haber establecido la lucha contra la corrupción dentro de la judicatura argentina como uno de sus objetivos personales. Además, parece tener el respaldo de la administración Macri, que ha enfocado gran parte de su atención en la lucha contra la corrupción.

Pero la oposición argentina, liderada en gran parte por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha cuestionado el momento de la presentación del informe y ha acusado a la administración Macri de utilizar el poder judicial como un instrumento de persecución política. La oposición también ha señalado que el partido de Macri tiene mayoría en la Magistratura de la Nación, lo que lo convierte en un organismo sesgado.

Sin embargo, el hecho de que la auditoría de Piedecasas incluye eventos que tuvieron lugar en un período de 20 años —antes de que Cristina Fernández de Kirchner o su difunto esposo y predecesor, Néstor Kirchner, llegaran al poder—, y que además no se divulgarán los nombres de los acusados, de cierta manera contrarresta este argumento.

En cualquier caso, no cabe duda de que la publicación del informe reactivará los acalorados enfrentamientos políticos en el país, que se encuentra altamente polarizado. Y hay razones para creer que el poder judicial se convertirá en un nuevo campo de batalla.

Una mayor atención al sistema judicial probablemente obligará a los jueces encargados de las investigaciones sobre corrupción a ser más transparentes en cuanto a sus actos.

Una de las posibles consecuencias sería la aceleración de los casos pendientes en los tribunales y la ampliación de la red de acusaciones contra importantes miembros de las élites.

La publicación del informe podría ser una piedra angular para el desmantelamiento de la fuerte red de criminalidad que ha consolidado su presencia en Argentina en las últimas dos décadas.

Falta ver si la publicación del informe logrará generar las reformas estructurales que tanto necesita el poder judicial. Aun así, podría enviar a los jueces el mensaje de que no se tolerará el hacerse la vista gorda ante la corrupción.

Así como la posibilidad de la impunidad ha fomentado el crecimiento de redes corruptas entre las élites, la posibilidad de un pronto y seguro castigo podría disuadir a las personas de involucrarse en las organizaciones criminales.

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