Estados Unidos acusa al gobierno boliviano de tráfico de drogas

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Acusaciones secretas de Estados Unidos a las que la prensa tuvo acceso han vinculado a altos funcionarios bolivianos con el narcotráfico, el polarizado debate sobre si Bolivia es una víctima de la persecución política de Estados Unidos o si se está convirtiendo en un narco estado corrupto.

Según un informe de The Huffington Post, como parte de operaciones realizadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) en su oficina en Paraguay, varios funcionarios bolivianos fueron secretamente acusados de tráfico de drogas. Entre los procesados se encuentran Walter Álvarez, un importante oficial de la fuerza aérea boliviana; Raúl García, el padre del vicepresidente Álvaro García Linera; Faustino Giménez, de quien se dice que es un socio cercano del vicepresidente, y Katy Acosta, una supuesta agente de inteligencia.

La noticia de las acusaciones se presenta un día después de que la Casa Blanca nombrara a Bolivia como “un importante país productor de drogas ilícitas”, en el plan anual que el presidente le presenta al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las prioridades en materia de lucha antinarcóticos para el año siguiente.

Bolivia fue explícitamente nombrada en el discurso por haber “fallado claramente en los últimos 12 meses en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales consagradas en los acuerdos antinarcóticos […]”. El comunicado hace referencia a la expulsión de la DEA de Bolivia en 2009, y a la falta de controles adecuados sobre el tráfico ilícito de coca, como ejemplos de que el país ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones.

Análisis de InSight Crime

Las ásperas relaciones del presidente boliviano Evo Morales con las autoridades estadounidenses han hecho que la cooperación en términos de antinarcóticos entre los dos países sea complicada. Pero las insinuaciones de que Morales ha eludido totalmente sus responsabilidades con respecto a la lucha contra el tráfico ilegal de drogas tienen connotaciones políticas.

Desde la expulsión de la DEA, Bolivia ha un enfoque radicalmente diferente para abordar el tráfico de drogas, trabajando con campesinos sembradores de coca para que suplan la demanda legal de hoja de coca y combatiendo al mismo tiempo la producción ilegal de cocaína. Esta política ha tenido importantes logros, al punto que las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) muestran que la producción de coca en Bolivia ha alcanzado niveles históricamente bajos. Además, en lugar de rechazar a todos sus aliados internacionales, Bolivia firmó acuerdos bilaterales de cooperación contra las drogas con Perú en 2013 y con Colombia en 2015, y consiguió financiamiento de la Unión Europea en su lucha antinarcóticos.

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Sin embargo, durante este período Bolivia también ha buscado combatir el tráfico y ha surgido como un importante centro de tráfico de drogas y un potencial refugio para el crimen organizado transnacional. Esto último ha sido facilitado por la corrupción oficial. El más reciente ejemplo de esto fue el caso del ex jefe de policía Óscar Nina, quien fue arrestado en marzo de 2015 acusado de haber estado involucrado en una red de tráfico de drogas conectada con el Cartel de Sinaloa.

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