Según un informe de ABC España, Estados Unidos plantea formular cargos formales por narcotráfico contra media docena de oficiales de alto rango del ejército venezolano, varios de ellos generales.
Los funcionarios de Estados Unidos, que no querían influenciar las recientes elecciones parlamentarias en Venezuela, harán el anuncio esta semana, según declaraciones de dos fiscales federales de Estados Unidos citados en el informe.
Según la nota, las acusaciones no tienen que ver con los recientes arrestos por narcotráfico de dos hombres relacionados con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ellos dos deberán presentarse a juicio en Estados Unidos el 17 de diciembre.
Análisis de InSight Crime
Aunque el informe de ABC España aún debe ser confirmado por funcionarios estadounidenses u otros medios informativos, el indicio de que las autoridades de Estados Unidos se aprestan a levantar acusaciones formales por narcotráfico contra miembros de la cúpula militar venezolana está en línea con algunos eventos recientes.
Por mucho tiempo Estados Unidos ha sospechado que algunos miembros del gobierno venezolano están implicados en el tráfico de estupefacientes, según lo evidencia la inclusión de múltiples civiles y oficiales del ejército en la lista de capos más buscados de Estados Unidos. Es probable que los funcionarios estadounidenses también sepan de los numerosos informes sobre la existencia del "Cartel de los Soles", en referencia a grupos narcotraficantes en el ejército venezolano.
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Los investigadores estadounidenses también pueden haber sido ayudados por posibles fuentes internas, como el exjefe de seguridad presidencial de Venezuela, Leamsy Salazar, y posiblemente hasta los recientemente capturados parientes de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas. Salazar se refugió en Estados Unidos a finales de 2014 y se dice que está trabajando con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés). Los informes también indican que los parientes de Maduro han dado amplias declaraciones a las autoridades de Estados Unidos.
Adicionalmente, las autoridades ya sentaron un precedente de acción contra funcionarios venezolanos. En marzo, Estados Unidos sancionó a siete funcionarios del gobierno por violaciones a los derechos humanos y en la actualidad está investigando a la petrolera estatal venezolana PDVSA por posible lavado de dinero.
La formulación de cargos en Estados Unidos contra un grupo de oficiales puede tener impacto en la política de Venezuela en diversas formas. Por un lado, la coalición de la oposición en el país ha ganado una supermayoría en la Asamblea Nacional. Dicha supermayoría permitirá a la oposición levantar la inmunidad a los legisladores y reemplazar a miembros del poder judicial, quienes, a su vez, podrían facilitar el procesamiento judicial de funcionarios de alto rango.
Al mismo tiempo, la administración de Maduro tiene práctica en recomponer los eventos para acomodarlos a su versión. Es posible que Maduro atribuya cualquier acusación por narcotráfico contra los militares venezolanos como una evidencia más de los intentos imperialistas de Estados Unidos por perjudicar su gobierno. Esto le granjearía a Maduro la simpatía de uno de sus últimos partidarios, los militares. En el peor de los casos, esto eventualmente llevaría a Venezuela a adoptar una forma de gobierno aún menos democrática.
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