Refiriéndose al fracaso en el cumplimiento de las metas sobre derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos negó US$5 millones en financiamiento para México, lo que es un fuerte golpe simbólico a la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
El Washington Post informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió retener el 15 por ciento de los fondos reservados para el ejército y la policía mexicanos, en el marco de la Iniciativa Mérida, que apoya las iniciativas antidrogas en México.
Según los términos de la Iniciativa Mérida, este 15 por ciento del dinero está condicionado a mejoras en la situación de derechos humanos en México. Para desembolsar el dinero, el Departamento de Estado está obligado a presentar un informe anual al Congreso con detalle de los esfuerzos de las autoridades mexicanas para la protección de los derechos humanos.
El Departamento de Estado decidió no escribir el informe este año. En respuesta a una pregunta sobre la decisión, un vocero del Departamento de Estado dijo, "Este año, el Departamento no pudo confirmar y notificar al Congreso el pleno cumplimiento de todos los criterios en la legislación de asignación de fondos del año fiscal 2014".
Desde 2008, el gobierno de Estados Unidos ha suministrado a México US$2.300 millones en entrenamiento y equipos en el marco de la Iniciativa Mérida. Las reservas totales de este año fueron de US$148 millones.
Los US$5 millones retenidos se reasignaron a iniciativas de erradicación de cultivos de coca en Perú.
Análisis de InSight Crime
La decisión de retener una parte de los fondos de ayuda a México tiene más trascendencia política que financiera. Sin duda, la Iniciativa Mérida no representa una parte importante del presupuesto anual en seguridad de México, pero la negación de siquiera una pequeña cantidad del dinero constituye una crítica abierta del gobierno de Estados Unidos por los cuestionamientos en derechos humanos en México.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la Iniciativa Mérida
Últimamente, la administración de Peña Nieto en México ha recibido serias críticas por presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados en 2014 por parte de las fuerzas de seguridad, con la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y la masacre de Tlatlaya —donde se acusa a miembros del ejército de la ejecución de 22 personas—. A comienzos de este año, como respuesta a estos trágicos eventos y al manejo inadecuado que el gobierno mexicano diera a las investigaciones, activistas mexicanos y grupos de derechos humanos solicitaron al gobierno de Estados Unidos que retuviera la ayuda prestada a México por medio de la Iniciativa Mérida.
Anteriormente, aunque se ha retrasado la entrega del 15 por ciento condicional de la Iniciativa Mérica, nunca se había retenido por completo. Que esto suceda revela la existencia de una preocupación real entre los funcionarios estadounidenses, quienes en el pasado se habían mostrado complacientes con el gobierno mexicano, con el ánimo de crear una relación de trabajo positiva, en lo concerniente a las violaciones a los derechos humanos en México.
Sin embargo, antes se han ventilado asuntos relacionados con violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas mexicanas de seguridad que reciben ayuda o entrenamiento estadounidense. Pero, qué fue lo que rebasó finalmente la copa este año, y llevó a los funcionarios estadounidenses a retener fondos de la Iniciativa Mérida, no queda claro.
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