Casi dos docenas de empresas latinoamericanas han sido eliminadas de la notoria "lista de capos" del narcotráfico, un ejemplo de lo difícil que puede ser en ocasiones diferenciar entre empresas lícitas e ilícitas en la región.
El Departamento del Tesoro anunció el 23 de febrero el retiro de más de 20 firmas y personas colombianas, guatemaltecas y mexicanas de la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDN por sus iniciales en inglés), conocido a menudo como "lista de capos" o "Lista Clinton".
Entre las 16 entidades colombianas mencionadas está Colombiana de Biocombustibles S.A. En 2014, El Tesoro designó a uno de los socios de la empresa como "agente político y lavador de dinero para La Oficina [de Envigado]", infame organización criminal con sede en la ciudad de Medellín.
Los agentes estadounidenses ahora dicen que la empresa ha presentado al organismo "evidencia suficiente para demostrar que han puesto fin a su relación" con las empresas o personas comprometedoras que llevaron a tal designación.
Sin embargo, el fundador de Colombiana de Biocombustibles, Carlos Palacio, niega que su empresa haya tenido nexos criminales alguna vez, y alega que el "socio" solo había aportado un terreno a la empresa.
"Al gobierno de Estados Unidos le faltó rigurosidad… Nos hicieron mucho daño. Arruinaron nuestra imagen ante la sociedad", declaró Palacio a El Espectador.
Análisis de InSight Crime
La "ley de capos" puede ser un instrumento útil para las autoridades estadounidenses en el debilitamiento de las organizaciones criminales y sus socios comerciales. Muchas veces las designaciones del Tesoro han servido para presionar a otros países para que tomen medidas contra criminales considerados por mucho tiempo como figuras "intocables". Este ha sido el caso en Honduras, donde varios traficantes, entre ellos el empresario y político José Miguel "Chepe" Handal Pérez, comenzaron a caer luego de que el Tesoro de Estados Unidos obligara a dirigir la atención pública hacia ellos.
Pero como lo demuestra este caso, esta designación también puede suponer un perjuicio atroz para empresas marcadas erróneamente. Y dada la cantidad de dinero que se abre paso a la economía formal, puede ser complicado determinar qué empresas pasan o no el umbral que el Tesoro considera relaciones inapropiadas con las redes criminales.
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La falla en el debido proceso en la estrategia de "poner en la picota pública", aplicada por el Tesoro, corre el riesgo de seguir afectando a las personas equivocadas. Los ciudadanos estadounidenses tienen en general prohibido hacer negocios con las personas en la "lista de capos", cuya reputación puede quedar irremediablemente manchada por la designación. Las empresas pueden ir a la ruina y muchas personas pueden perder sus empleos por esta causa, a pesar de las acusaciones de que Estados Unidos no siempre entrega a las autoridades locales evidencia que justifique las sanciones.
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