Estados Unidos ha sancionado a siete funcionarios del gobierno venezolano vinculados a violaciones de derechos humanos, en un momento en el que la violencia y el malestar político continúan estremeciendo al país.
En una orden ejecutiva emitida el 9 de marzo, la agitación que vive Venezuela fue declarada “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Las sanciones impuestas congelan los activos de siete funcionarios de alto nivel, incluyendo militares, policías y empleados del gobierno, a los cuales Estados Unidos señala como responsables directos de graves actos de violencia u otros abusos.
Gustavo González López
El general González se desempeñó anteriormente como director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y como presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). En respuesta a las sanciones de Estados Unidos, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, nombró al general Gustavo González López como ministro del Interior.
Antonio José Benavides Torres
Benavides Torres fue director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y actualmente se desempeña como comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Según la Casa Blanca, la GNB ha estado involucrada en graves actos de violencia y agresión sexual contra manifestantes antigubernamentales.
Katherine Nayarith Haringhton Padrón
Haringhton Padrón es una fiscal de nivel nacional que ha presentado cargos por conspiración contra varios miembros de la oposición en relación con presuntos asesinatos y tentativas de golpe de Estado, basándose en lo que según la Casa Blanca es “información inverosímil y, al menos en parte, fraudulenta”.
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta
Como director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Pérez Urdaneta es acusado por Estados Unidos de haber utilizado “fuerza física severa”, lo cual constituye “un abuso serio o violación a los derechos humanos”.
Justo José Noguera Pietri
Pietri es excomandante general de la GNB y actual presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Estados Unidos acusa a la GNB de uso excesivo de la fuerza contra civiles y periodistas en varias ciudades de Venezuela.
Manuel Gregorio Bernal Martínez
Martínez se desempeñó como director del Sebin y es el actual jefe de la 31 Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana. Bernal estaba al mando del Sebin en febrero de 2014, cuando funcionarios del gobierno dispararon contra manifestantes antigubernamentales, matando a dos personas.
Miguel Alcides Vivas Landino
Landino es el inspector general de la FANB y está siendo sancionado por complicidad en actos de violencia contra manifestantes antigubernamentales.
Según Time, altos funcionarios del gobierno estadounidense indicaron que las sanciones tienen como propósito “arrojar luz sobre el abuso de los derechos humanos o la corrupción pública” de los funcionarios del gobierno venezolano. Según Infobae, Jacob Lew, secretario del Tesoro de Estados Unidos, señaló que la decisión tiene como objetivo proteger al sistema financiero de Estados Unidos de “las corrientes financieras ilegales de la corrupción pública en Venezuela”.
Análisis de InSight Crime
Esta no sería la primera vez que Estados Unidos sanciona a figuras venezolanas de alto nivel por su papel en la represión de mano dura contra manifestantes antigubernamentales. Estados Unidos también ha sido muy franco en sus críticas a la participación de algunos funcionarios en el tráfico de drogas y en otras actividades delictivas, así como frente a sus vínculos con el crimen organizado transnacional; y desde 2008 ha señalado al menos a ocho funcionarios del gobierno venezolano por su participación en el tráfico de drogas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin).
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En 2014, el Informe sobre la Estrategia Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes señaló que “Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito para los cargamentos de cocaína que pasan por las rutas aéreas, terrestres y marítimas.” Lo cual, señala el informe, se debe en parte a su “esporádica cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y a un ambiente permisivo y corrupto”.
En enero de 2015, Leamsy Salazar, exjefe de seguridad presidencial venezolano, acusó a Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de estar involucrado en el tráfico de drogas.
Si bien el país ha hecho un esfuerzo por ir tras los miembros de bajo rango de las fuerzas armadas o de la GNB, hasta la fecha no ha realizado el más mínimo escrutinio a la participación de miembros de más alto nivel —como lo muestran los procesos judiciales relacionados con el alijo de cocaína incautado en un vuelo de Air France en 2013—.