Un nuevo estudio gubernamental sobre el sistema carcelario en México dibuja un retrato relativamente favorable sobre las condiciones penitenciarias —por lo menos en el contexto regional—. Pero también elude algunos de los problemas más obvios que aquejan las instituciones penales del país.
El informe divulgado el 17 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta datos de una encuesta sobre la población carcelaria adulta en más de 300 penitenciarías federales, estatales y municipales durante 2016.
La entidad estima que el 46 por ciento de los presos comparten celdas con más de cinco personas, mientras que el 82 por ciento tienen sus propias camas. Casi todos (98,4 por ciento) reciben alimentos, 84 por ciento acceden a servicios médicos, y 75 por ciento reciben visitas.
El informe también presenta datos que apuntan a irregularidades, corrupción y obstrucción de la justicia en las cárceles de Mëxico.
Del 62 por ciento de los reclusos que aportaron declaraciones a los fiscales, casi la mitad fue presionado por la policía para que alterara su declaración, halló la encuesta.
Más del 20 por ciento de los internos fueron aprehendidos en propiedad privada sin una orden de captura adecuada. y el 40 por ciento fueron víctimas de corrupción, generalmente en la forma de pagos a los funcionarios carcelarios para acceder a servicios básicos.
Análisis de InSight Crime
Los hallazgos del informe del INEGI sobre ciertos aspectos del sistema penitenciario en México indican que problemas como el hacinamiento y la falta de acceso a bienes y servicios básicos era menos grave en las prisiones mexicanas que en las de algunos de sus vecinos centroamericanos. El Salvador, Guatemala y Honduras, por ejemplo, todos tienen tasas de sobrepoblación mayores que México. Las condiciones en las prisiones de El Salvador son notoriamente horribles: los funcionarios de derechos humanos han criticado como "inhumanas" la falta de alimentación adecuada, de atención en salud y de higiene, e incluso compararon la situación con los horrores presenciados en la Alemania nazi.
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Sin embargo, el informe pasa por alto otros controvertidos problemas en los centros penitenciarios de México. Por ejemplo, en repetidas ocasiones México ha sido blanco de críticas por parte de grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional por un notable incremento de las denuncias de tortura entre 2003 y 2013, pero el INEGI no incluyó la tortura como indicador de su encuesta.
Más aún, la encuesta no hace mención de los motines en las cárceles o de la influencia del crimen organizado tras las rejas, problemas endémicos del sistema penal mexicano que se han ventilado en los últimos meses. Un estudio del gobierno, publicado en mayo de 2017, halló que los grupos del crimen organizado controlan el 65 por ciento de cárceles estatales en México. Ese mismo mes, el medio informativo mexicano Milenio divulgó un video grabado en una de las cárceles de máxima seguridad del país, en el que se mostraba a miembros detenidos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dando una fiesta, un ejemplo de la falta de control de las autoridades mexicanas sobre las penitenciarías del país.
Los legisladores mexicanos propusieron anteriormente leyes que buscan resolver algunos de estos problemas, pero la limitada voluntad política y las restricciones de presupuesto indican que la implementación de esas reformas será un proceso lento.
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