Una pena de prisión contra la exvicepresidenta de Guatemala por cargos de corrupción es una victoria largamente esperada por los fiscales en medio de una batalla que ha enfrentado a élites y funcionarios anticorrupción del país.
La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti fue sentenciada a quince años y seis meses en prisión acusada de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias por su participación en la cesión de un contrato por varios millones de dólares para la depuración del lago Amatitlán al sur de Ciudad de Guatemala en 2014, según un anuncio del Ministerio Público en comunicado oficial del 9 de octubre.
El proyecto de limpieza se avaluó supuestamente en 137,8 millones de quetzales (cerca de US$17 millones), de los cuales se pagaron 22,8 millones (alrededor de US$3 millones) para adquirir 23.000 litros de una fórmula de depuración que según se demostró posteriormente no servía al propósito declarado de limpieza del lago, alegaron los fiscales.
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Baldetti hace parte del grupo de nueve personas —incluido su hermano Mario Alejandro Baldetti Elías— que fueron condenados por fraude al estado. Las penas de prisión variaron de tres a quince años, de los cuales la sentencia más severa fue para Baldetti.
La exvicepresidenta también enfrenta cargos por corrupción en otras tres causas, entre ellas su implicación en un monumental escándalo de fraude, conocido como La Línea, que motivó la salida del poder del expresidente Otto Pérez Molina. Baldetti también fue acusada de tráfico de cocaína en Estados Unidos en febrero de 2017.
Análisis de InSight Crime
La condena a la exvicepresidenta Baldetti es la primera en firme que los fiscales anticorrupción en Guatemala logran recientemente contra un funcionario de alto perfil, y se presenta en el marco del desarrollo de un tira y afloje entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
A comienzos de septiembre, Morales prohibió el ingreso a Guatemala del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, pocos días despues de solicitar a las Naciones Unidas que no se renovara el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019.
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En el pasado, los detractores del trabajo de la CICIG habían sostenido que la comisión anticorrupción seguía casos poco sólidos y muchas veces era manipulada con fines políticos. Pero la condena de Baldetti indica que el caso de la CICIG era lo bastante sólido para lograr un fallo condenatorio y una pena de prisión.
"Los fiscales guatemaltecos tuvieron éxito… pese a los repetidos intentos de los abogados de Baldetti y de sus aliados de obstruir y deslegitimar sus esfuerzos", comentó Mike Allison, jefe del departamento de ciencia política de la Universidad de Scranton, a InSight Crime.
Allison también señaló que la condena a la exvicepresidenta pone de relieve la importancia del trabajo de la CICIG y su colaboración con los fiscales guatemaltecos para fortalecer el estado de derecho en el país, una razón más por la que las élites pueden percibir la CICIG como una amenaza.
De hecho, el ente anticorrupción tiene en la mira al presidente Morales, quien, junto con su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), son objeto de investigación por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña de Morales a la presidencia en 2015.
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