Excombatientes en el Meta en la mira de las ex-FARC Mafia en Colombia

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El proceso de reincorporación de los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el departamento del Meta está amenazado por las ex-FARC Mafia, que buscan no solo reclutar a quienes dejaron las armas, sino quedarse con un territorio estratégico que consideran históricamente suyo.

El pasado 16 de octubre fue asesinado en el municipio La Uribe, departamento del Meta, Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido al interior de las antiguas FARC como Albeiro Suárez y quien era reconocido por su trabajo con los excombatientes, con quienes adelantaba varios proyectos productivos y de ecoturismo en el municipio, con el fin de facilitar su reincorporación.

Años, meses e incluso días antes de su asesinato, Suárez había denunciado ante el gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la situación de inseguridad que viven los desmovilizados en el Meta por cuenta de la presencia de grupos criminales en la zona.

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En una entrevista con Colombia 2020, Suárez advirtió que la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez y Jesús Santrich, se estaba disputando el control del territorio y sus rentas criminales con las ex-FARC Mafia del Frente 40, alineado con los ex-FARC de Gentil Duarte.

El asesinato de Suárez y su escolta, quien también perteneció a las extintas FARC, prende las alarmas sobre la situación de los reincorporados en el Meta, pues eleva la cifra de homicidios de excombatientes en La Uribe a cinco, la mitad de los homicidios de este tipo que han ocurrido en el Meta en el 2020, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La cifra también representa un aumento del 150% en los asesinatos de excombatientes en el municipio entre 2019 y 2020, de acuerdo con las cifras presentadas por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un incremento que se explicaría, en parte, por la presencia de las ex-FARC Mafia en la zona. Aunque no hay reportes de enfrentamientos directos entre ambos grupos, es claro que no están trabajando juntos, y ambos buscan adueñarse del territorio.

Análisis de InSight Crime

El asesinato de Suárez y su escolta es una muestra de las dinámicas de violencia y crimen organizado que ponen en peligro el proceso de reincorporación en el municipio de La Uribe.

Los grupos de las ex-FARC Mafia que hacen presencia en La Uribe y los municipios aledaños ejercen una presión constante sobre los excombatientes, exhortándolos a dejar el proceso de paz y unirse a sus filas.

Los ofrecimientos pueden variar dependiendo del rango de la persona. Como reportó La Silla Vacía, en el departamento del Meta, Márquez y sus hombres ofrecían en 2019 de “2 a 3 millones para la base y el 20 por ciento de lo que ganaran según la región a los mandos medios”.

Sin embargo, la Segunda Marquetalia no es el único actor presente en la zona. Su competencia con los ex-FARC alineados con Gentil Duarte termina por poner a los excombatientes entre la espada y la pared, pues solo la sospecha de cooperar con el bando rival es suficiente para ser asesinado.

En este contexto, los líderes de los procesos de reincorporación que se oponen a los intentos de reclutamiento por parte de las ex-FARC se convierten en blancos para los grupos. En 2019 fue asesinado Alexander Parra, quien también lideraba un proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas, en el mismo departamento.

Por otro lado, el proyecto de reincorporación que lideraban Suárez y los excombatientes que se han asentado en la vereda La Julia se encuentra en peligro debido a las amenazas de las ex-FARC.

La vereda fue de especial importancia para las FARC hace varias décadas y hasta su desmovilización. Fue la sede del Secretariado de las FARC, territorio donde Manuel Marulanda dejó fincas y tierras en manos de testaferros, y fue el lugar donde el Ejército dio de baja a Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Mono Jojoy”.

Hoy en día, su importancia se basa en dichas tierras que quedaron en manos de testaferros. De acuerdo con la lista entregada por el partido FARC a la Fiscalía General de la Nación en 2017, en el municipio quedaron varios inmuebles que serían el blanco de las ex-FARC Mafia.

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Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre las amenazas y desplazamientos de reclamantes de tierras en el municipio. Ese mismo año, antes de anunciar su rearme junto con Márquez, Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, había sido acusado de amenazar y desplazar a las comunidades de la vereda La Ativa, en Uribe.

De acuerdo con el expediente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Romaña “reunió a los campesinos de la vereda La Ativa, con el fin de informarles que había regresado a la zona por sus tierras, las cuales les había devuelto a los campesinos en años pasados producto del despojo que realizó antes del proceso de paz”.

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