La reubicación de comunidades enteras de excombatientes de las FARC y sus familias se está convirtiendo en algo común en Colombia, una muestra de la incapacidad del gobierno para protegerlos de las constantes amenazas criminales en todo el país.
El 15 de julio, 94 personas del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz en Ituango, Antioquia, empacaron sus pertenencias y se trasladaron a la región de Urabá, donde el gobierno había preparado una nueva área para que vivieran, según un informe de Associated Press. En su vereda han sido asesinados 11 habitantes en los últimos tres años.
Después de los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), numerosos guerrilleros depusieron las armas y se trasladaron a campamentos ubicados en todo el país, donde se suponía que recibían protección y oportunidades económicas.
Estas no son las primeras personas que abandonan el campamento Román Ruiz. Alrededor de 190 personas han salido de Ituango en los últimos meses, la mayoría de las cuales se han trasladado a Medellín, según La Silla Vacía. Diversos incidentes violentos, como el asesinato de Manuel Antonio Benítez, hijo del exlíder del Frente 18 de las FARC que fue asesinado a tiros a las afueras del campamento en diciembre de 2019, han acelerado el éxodo.
Una semana antes, otras dos comunidades fueron reubicadas y a varios combatientes desmovilizados de las FARC se les pidió abandonar las veredas de Monterredondo, en el norte del Cauca; por otro lado, 20 exguerrilleros huyeron de un campamento en El Diamante, departamento del Meta.
Las historias que narran los desplazados son similares. “Hemos sido desarraigados”, dice Marco Urbano, portavoz de quienes están saliendo de Román Ruiz, en un informe de Associated Press. “La mayoría de la gente de aquí había estado trabajando durante tres años en proyectos agrícolas y ahora tendrán que empezar de cero”.
Estos desplazamientos han sido frecuentes en toda Colombia desde la desmovilización de las FARC en 2016, cuando varias bandas criminales comenzaron a disputarse el control de los territorios desocupados por las FARC. Entre enero y octubre de 2019, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó sobre 58 desplazamientos masivos en el país, que afectan en total a más de 15.000 personas.
Análisis de InSight Crime
La mayoría de las noticias relativas a los excombatientes de las FARC se han enfocado en los asesinatos selectivos de individuos específicos, en lugar de los riesgos a los que se enfrentan comunidades enteras de guerrilleros desmovilizados. Según Semana, hacia mediados de julio de este año, 218 guerrilleros desmovilizados habían sido asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016.
Sin embargo, la salida masiva de familias del Espacio de Reincorporación Román Ruiz ha llamado la atención sobre cómo ha colapsado el proceso de paz de Colombia, hasta el punto de que los campamentos establecidos como espacios seguros para quienes depusieron sus armas están siendo abandonados.
Al campamento de La Elvira en Buenos Aires, departamento del Cauca, por ejemplo, llegaron 140 exguerrilleros y sus familias en 2017. Actualmente solo permanecen 43 y todos los demás se han ido, según El Espectador. Las amenazas contra los que se quedan son tan graves que los funcionarios del gobierno que supervisan el campamento se han ido, e incluso el personal de las Naciones Unidas no se atreve a ingresar a la zona, según palabras del coordinador del campamento, Mario Rodríguez, en el informe de El Espectador.
Sin embargo, este no ha sido un proceso lento. La creciente violencia en el campamento Román Ruiz en Ituango ha demostrado las sistemáticas fallas del gobierno para mantener a salvo a los excombatientes de las FARC y a sus familias. Y lo más preocupante aún es que esto demuestra que el Estado colombiano no ha logrado controlar regiones como Ituango, que tiene altos niveles de narcotráfico y minería ilegal.
En 2017, la Defensoría del Pueblo de Colombia ya había identificado el campamento de Ituango como una de las zonas de reincorporación que presentaban los mayores riesgos para sus habitantes. Esto se debe en gran parte a grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Urabeños, que han estado atacando a excombatientes de las FARC.
Un año más tarde, el riesgo se ha incrementado debido a una alianza entre los Frentes 18 y 36 de las ex-FARC Mafia por el control de Ituango. Estos eran los mismos frentes que habían abandonado quienes vivían en Ituango, lo que los convierte en posibles objetivos de venganza por parte de aquellos que no participaron en el proceso de paz.
A pesar de estas constantes advertencias, los exguerrilleros siguen siendo asesinados, las familias continúan emigrando, y el campamento está a punto de ser clausurado. Esta es una de las señales más claras de que el proceso de paz de Colombia no les ha cumplido a algunos de los participantes más cruciales.
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