Un caso de lavado de dinero con un exdiputado involucrado pone a prueba la capacidad de las autoridades de El Salvador para desenredar los complejos lazos entre las élites políticas y las redes del crimen organizado.
El exdiputado Wilver Rivera Monge enfrenta un juicio por acusaciones de lavado de dinero junto al convicto narcotraficante Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias "Repollo", y 26 acusados más sospechosos de ocultar ganancias ilícitas conectadas con las operaciones de tráfico de cocaína de Ulloa Sibrián, informó El Diario de Hoy.
Las acusaciones de lavado de dinero se imputaron formalmente contra Rivera Monge en septiembre de 2014. Los fiscales dicen que Rivera Monge y varios parientes cercanos blanquearon alrededor de US$8 millones en ganancias generadas por la droga. Las acusaciones señalan que Rivera Monge usó US$1 millón de estas ganancias ilícitas para financiar su campaña de 2012 al Congreso, informó La Prensa Gráfica.
Ulloa Sibrián fue arrestado en 2013 y sentenciado finalmente a 77 años de cárcel en el 2014 por su rol al mando de una operación de transporte de cocaína que abarcaba gran parte de Centroamérica, en colaboración con el Cartel de Texis y otras células narcotraficantes de la región. Las autoridades dicen que la red de Ulloa Sibrián era responsable del traslado de unas 16 toneladas de cocaína a través de Centroamérica en dirección a Estados Unidos.
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Inmediatamente después del arresto de Ulloa Sibrián en 2013, el ministro de seguridad de El Salvador negó las denuncias de que algún miembro del Congreso estuviera implicado en la red de narcotráfico del capo, aseveración de la que luego tuvo que retractarse cuando surgió la evidencia de la participación de Rivera Monge. Al momento de la detención de Ulloa Sibrián, Rivera Monge ya estaba detenido por las autoridades por sospechas de asociación con el Cartel de Texis.
Análisis de InSight Crime
El juicio de Rivera Monge puede establecer un precedente importante para el sistema de justicia de El Salvador y su capacidad de desenmarañar las redes de conexiones entre poderosas élites políticas y redes del crimen organizado.
La sentencia de Ulloa Sibrián en 2014 fue una rara victoria para las autoridades salvadoreñas sobre un narcotraficante poderoso y con muchas conexiones políticas. Dada la magnitud y la duración de la operación de Ulloa Sibrián, que se remonta a 2000, hay motivos para creer que operó durante largo tiempo con cierto grado de protección oficial.
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Jueces y fiscales indecisos a la hora de presentar cargos contra traficantes con buenas conexiones plantean preocupaciones sistémicas para el sistema de justicia de El Salvador.
Presuntos miembros de alto nivel del Cartel de Texis han demostrado ser especialmente escurridizos para evadir las condenas en el sistema penal de El Salvador por acusaciones que van desde robo de autos hasta lavado de dinero.
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