La reciente desarticulación de una red de trata de bebés liderada por la pareja de un exdirector de la policía de Perú revela la existencia de redes de corrupción de alto nivel alrededor de un próspero comercio, impulsado en gran medida por la incapacidad del gobierno para enfrentarlo.
El 7 de noviembre, las autoridades peruanas anunciaron la captura de 14 personas por su participación en una red de trata de menores en la ciudad de Arequipa, reportó El Comercio.
El grupo incluía al exdirector de la Policía Nacional de Perú, Raúl Becerra y a su pareja, la empresaria de la industria del modelaje Cinthia Carolina Tello Preciado, acusada de liderar la organización criminal.
Becerra fue señalado como colaborador de la organización y presuntamente estaba encargado de recibir y cuidar a los niños antes de su venta.
Entre los capturados también se encuentran un ginecólogo y un pediatra.
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La organización identificaba a mujeres embarazadas de bajos recursos a través de una red de empleados corruptos en clínicas de la ciudad de Arequipa y las convencía de vender a sus bebés, reportó Peru21.
Según la investigación, basada en gran parte en escuchas telefónicas, los bebés eran vendidos por US$1.200.
La fiscalía está investigando la participación de la red en el mercado internacional de adopciones ilegales y en el de tráfico de órganos.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que según el informe sobre tráfico y trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, Perú ha aumentado sus esfuerzos para enfrentar este delito, el país aún no cumple con varios estándares internacionales mínimos, como la coordinación interinstitucional de policías y fiscalías departamentales y la asignación eficiente de los recursos a los ministerios encargados de abordar esta problemática.
Además, como señala el Departamento de Estado y confirma la captura de Becerra, la participación de funcionarios corruptos en esta actividad también ha resultado en la disminución de las capacidades del gobierno para enfrentarla.
Las denuncias de víctimas de trata en Perú aumentaron de 300 en 2016 a 1.400 en 2017, según un informe de la fiscalía del país.
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Aunque todavía no se ha presentado evidencia que indique que Becerra se haya aprovechado de su capacidad oficial para facilitar las operaciones del grupo, las denuncias de El Comercio sobre varias irregularidades y sobre el trato preferencial que ha recibido es exdirector de la policía desde su captura, han generado inquietudes con respecto al futuro del caso.
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