Un exgobernador en Colombia ha sido condenado a 55 años de prisión por ordenar a un grupo criminal el asesinato de sus enemigos políticos, una señal positiva de que el sistema judicial del país cuenta con la capacidad de procesar políticos con estrechos vínculos con el crimen organizado.
El 17 de enero, un juez de Bogotá declaró al exgobernador de La Guajira Juan Francisco "Kiko" Gómez Cerchar responsable de las muertes de Yandra Brito, su esposo Henry Ustáriz Guerra y su guardaespaldas Wilfrido Fonseca Peñaranda, informó El Espectador.
Gómez apoyó políticamente a Brito para que consiguiera la alcaldía de Barrancas, pero ella se habría negado a seguir las órdenes de Gómez luego de ser elegida para el cargo. Como represalia por su traición política, el exgobernador ordenó la muerte de Ustáriz y Fonseca en abril de 2008 y la de Brito en agosto de 2012. Los tres fueron asesinados por una banda criminal liderada por Marcos de Jesús Figueroa, alias "Marquitos", un poderoso contrabandista y narcotraficante que al parecer tenía vínculos con la organización criminal de Los Urabeños y que se había desempeñado como colaborador criminal de Gómez.
Gómez fue arrestado en octubre de 2013 por estos crímenes y por sus nexos con grupos paramilitares locales. El Espectador informó que el exgobernador también está siendo investigado por sus posibles vínculos con el asesinato de Luis López Peralta, concejal de Barrancas, y el de otras dos personas.
Análisis de InSight Crime
La condena de un político tan poderoso y bien conectado como Gómez es una victoria para el sistema judicial colombiano. Durante años, Gómez logró establecer alianzas estrechas con algunos de los principales grupos criminales de la región. Verdad Abierta ha informado que Gómez era miembro de un grupo de jefes del contrabando en la zona, mientras que un paramilitar entrevistado por Semana declaró que el exgobernador había trabajado con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40".
Además, Marquitos presuntamente habría apoyado a Gómez en las elecciones para gobernador en 2011 y le prestaba sus servicios de “sicario personal”. Gómez también es pariente de Jorge Gnecco Cechar, un empresario y paramilitar que fue socio de Salvatore Mancuso, y se cree que trabajó con el zar del contrabando Samuel Santander Lopesierra, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.
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A pesar de estos estrechos vínculos, la condena de Gómez encontró serios tropiezos. En abril de 2015, estuvo muy cerca de ser liberado después de que un juez de la ciudad de Barranquilla aceptara su solicitud de hábeas corpus. Si bien las autoridades finalmente no permitieron que Gómez saliera de la cárcel, pues tenía una orden de captura pendiente, la decisión del juez fue una clara muestra de la influencia que Gómez todavía ejerce en La Guajira.
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