El exgobernador de un departamento de Colombia acusado de varios asesinatos y de vínculos con grupos paramilitares estuvo muy cerca de ser liberado de la cárcel, lo cual vuelve a poner de presente la influencia que este exfuncionario llegó a tener en el noreste del país.
Un juez de la ciudad de Barranquilla aceptó recientemente una petición de habeas corpus de Juan Francisco "Kiko" Gómez, la cual habría permitido la liberación del exgobernador de La Guajira, departamento ubicado en el noreste de Colombia, informó El Tiempo. Sin embargo, las autoridades se negaron a liberar a Gómez a causa de una orden de arresto que aún tiene pendiente, así como una citación para ser interrogado en relación con un caso de asesinato, informó El Espectador.
Gómez fue capturado en octubre de 2013 por su presunta participación en una serie de asesinatos y otros crímenes cometidos a lo largo de varias décadas. Según los informes, Gómez trabajó en estrecha colaboración con Marcos "Marquitos" Figueroa, líder de una red de contrabando, quien llegó a ser la figura criminal más buscada en el noreste de Colombia hasta su captura en octubre de 2014.
Semana informó que la Fiscalía General de Colombia ha abierto una investigación sobre el juez que ordenó la liberación de Gómez.
Análisis de InSight Crime
Lo cerca que estuvo Gómez de ser liberado de la cárcel es probablemente un reflejo del poder que ejercía como político corrupto en el noreste de Colombia, el epicentro de un lucrativo comercio de contrabando favorecido por productos procedentes de Venezuela. Gómez fue un político que desde temprana edad presuntamente desarrolló nexos con figuras del crimen local, entre ellos Marquitos, y tuvo participación en el comercio de contrabando regional. En 2001, Gómez era uno de los varios jefes del contrabando local que al parecer comenzaron negociaciones con los grupos paramilitares para repartirse el control de las operaciones de contrabando en la zona. Sin embargo, Gómez sólo llegaría al apogeo de su poder años más tarde, con la ayuda de su antiguo socio, Marquitos.
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Según los fiscales, cuando Marquitos regresó a Colombia en algún momento después de 2008 —luego de un exilio autoimpuesto en Venezuela—, entre él y Gómez ordenaron el asesinato de numerosos opositores políticos en la región. Marquitos presuntamente también usó las ganancias de su próspera empresa de contrabando de gasolina para ayudar a financiar la campaña de Gómez a la gobernación del departamento en 2011. Una vez en el cargo, Gómez presuntamente saldó sus cuentas con Marquitos, proporcionándole protección política a su negocio de contrabando.
Según El Espectador, Gómez se encuentra actualmente bajo investigación por siete asesinatos, incluyendo el de un exalcalde de un municipio de La Guajira. También ha sido implicado en otros homicidios.
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