Una exgobernadora de una región fronteriza ubicada al oriente de Paraguay, está acusada de dirigir una red que protege a narcotraficantes y asesinos, lo cual, de ser cierto, encajaría con un patrón de políticos regionales que facilitan el tráfico de drogas en Latinoamérica.
La diputada María Cristina Villalba, quien se desempeñó como gobernadora del departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil, está acusada de proteger a un alcalde sospechoso de orquestar el reciente asesinato del periodista Pablo Medina, informó Última Hora.
El sospechoso es Vilmar Acosta, alcalde de la municipalidad de Ypehú, quien actualmente se encuentra prófugo, y cuyo nombre ha sido vinculado con asesinatos a sueldo y tráfico de drogas. La fiscalía allanó varias propiedades pertenecientes al alcalde Acosta, en relación con el asesinato del periodista, y encontró un centro de acopio de marihuana y armas, informó Paraguay.com. El ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, dijo a La Unión Radio 800 AM que su oficina tenía información sobre las actividades criminales de la familia Acosta desde 2010.
Por otra parte, Villalba, quien también es conocida como la "Reina del Norte" -un juego de los alias de infames narcotraficantes femeninas en México y Guatemala- al parecer creó una red dedicada a proteger las operaciones del narcotráfico mediante la colocación de familiares y amigos en cargos públicos clave, informó Última Hora. Entre sus presuntos aliados se encuentra el actual gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria, quien, según ABC, amasó una fortuna en menos de cinco años y se cree que es el dueño de varias empresas fachada.
Según los informes, Villalba se ha beneficiado de los estrechos vínculos con el presidente paraguayo Horacio Cartes, y proporcionó apoyo financiero a su campaña presidencial.
Análisis de InSight Crime
El departamento de Canindeyú es un centro de producción de marihuana, un centro para el tráfico de cocaína, y se cree que sirve como una base para la pandilla narcotraficante Comando Vermelho de Brasil. El sistema político de la región es vulnerable a la influencia de los traficantes de drogas, quienes dependen de conexiones de alto nivel con funcionarios para proteger su negocio. Una mujer con la influencia política de Villalba -quien cuenta con conexiones en todos los niveles de la política y al parecer controla a la policía local- sería un excelente contacto para los criminales que operan en la zona.
Los informes relativos a Villalba y a Acosta se producen poco después de que un político afirmara que varios senadores y representantes del gobierno tenían vínculos con el tráfico de drogas, proporcionando más evidencia de que la narcoinfiltración es generalizada en la política paraguaya.
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El patrón de políticos regionales desarrollando vínculos con el tráfico de drogas es común en algunas partes de Latinoamérica, donde este negocio ilícito tiene una fuerte presencia y estrechos vínculos con las economías locales. Algunos ejemplos incluyen al exgobernador del departamento de La Guajira de Colombia, Juan Francisco "Kiko" Gómez, quien presuntamente trabajó en estrecha colaboración con el recién capturado jefe local de drogas y contrabando Marcos Figueroa, alias "Marquitos"; y el exalcalde de El Paraíso en Honduras, quien presuntamente protegía las operaciones del clan de drogas los Valles.
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