La lista de los 122 criminales más buscados de México, citada por el presidente, no existe; según las instituciones del Estado, reviviendo las cuestiones acerca de la transparencia en la guerra contra las drogas de México.
En agosto, el presidente Enrique Peña Nieto dijo al Consejo Nacional de Seguridad Pública que durante su mandato las autoridades habían capturado a 62 personas de su lista de los 122 criminales más buscados. A principios de septiembre, cuando presentó su primera revisión del gobierno, comentó que habían capturado a 65 de los 122.
El gobierno nunca ha dado a conocer los nombres de los 122, o de los capturados, de la lista; una política que la Secretaría de Gobernación ha dicho que está diseñada para evitar que los sospechosos "eludan la acción de la justicia", informó Animal Político.
No obstante, cuando Animal Político consultó con cinco instituciones estatales que deberían estar al tanto de la información, cuatro dijeron que no tienen la capacidad de procesar la solicitud mientras que la otra, la Secretaría de Gobernación, concluyó que después de una "búsqueda exhaustiva en los archivos", no existe tal lista.
Análisis de InSight Crime
Una de las principales diferencias entre la administración de Enrique Peña Nieto y su predecesor, Felipe Calderón, ha sido su enfoque a los capos de los carteles de drogas.
Calderón no sólo hizo hincapié en estrategias de "decapitación" –teniendo como objetivo al liderazgo de los carteles, creyendo que las organizaciones dejarían de funcionar sin sus cabezas–, también jugó al espectáculo mediático de arrestos de alto perfil, feliz de desfilar a los capos caídos al frente de la prensa y pregonar los éxitos de su gobierno.
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Por el contrario, Peña Nieto ha argumentado que tener como prioridad la reducción de la violencia sobre los arrestos de alto nivel es una forma más eficaz de abordar los problemas de seguridad del país, al tiempo que ha puesto en marcha políticas de comunicación de más bajo perfil para reducir el potencial de dramatización e incluso la glorificación de la guerra contra las drogas.
La política del gobierno de no divulgar los nombres de los criminales más buscados podría ser visto en el contexto de esta política, ya que el no publicar la lista reduce las expectativas en torno a estos personajes y la publicidad de sus actividades.
Sin embargo, el hecho de que Peña Nieto se ha referido en varias ocasiones a la lista, mientras que las instituciones estatales niegan que exista, también plantea preguntas inquietantes sobre la transparencia. Esto es especialmente una preocupación dado el pasado autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente, y las recientes cuestiones sobre si el gobierno manipula la información para presentar una imagen distorsionada de sus éxitos en materia de seguridad.
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