Una alta funcionaria del gobierno afirmó que Perú podría estar en riesgo de convertirse en un narcoestado, una afirmación cuestionable que, no obstante, refleja lo que parece ser una profunda penetración de los grupos narcotraficantes en la política del país.
En entrevista con el diario Perú21, la congresista Rosa Mavila dijo que los narcoaviones sacan alrededor de 1,5 toneladas de cocaína diariamente del centro cocalero de Perú —una región conocida como el VRAEM—. “Entenderá que esto podría calificar como narcoestado”, añadió.
Mavila encabeza una comisión del Congreso que investiga vínculos entre políticos y crimen organizado. En la misma entrevista, aclara que no considera que en la actualidad Perú sea un narcoestado, pero que sí corre el riesgo de hacerlo en el futuro. Los políticos suelen ser cooptados por el crimen organizado a nivel local más que a nivel nacional, agregó.
También dijo que algunas de las señales más fuertes de los nexos narcopolíticos en Perú son la desaparición de documentos judiciales de casos que involucran a presuntos narcotraficantes y las largas demoras en el sistema judicial. “Así se generan redes de corrupción por el soborno”, dijo.
Análisis de InSight Crime
Mavila podría estar exagerando acerca del potencial de Perú para convertirse en un narcoestado (no existe una definición precisa para el término, pero comúnmente es usado para describir a aquellos países donde el imperio de la ley ha sido casi totalmente suplantado por el accionar de grupos criminales transnacionales). El hecho de que un gran número de drogas estén siendo producidas y traficadas desde la región del VRAEM no representa en sí mismo una razón suficiente para calificar al país andino como un “narcoestado”.
Sin embargo, es cierto que las organizaciones narcotraficantes están bien posicionadas para infiltrar las instituciones políticas peruanas. En agosto de 2014, el ministro del Interior de Perú, Daniel Urresti, informó que al menos 115 candidatos políticos a nivel local y regional habían sido investigados por casos de tráfico de drogas. El pasado diciembre, Perú eligió al menos seis gobernadores que habían enfrentado investigaciones por tráfico de drogas, corrupción y lavado de activos. A otros 350 candidatos que buscaban ocupar cargos a nivel municipal se les prohibió participar en las elecciones debido a su historial criminal.
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Contrario a lo afirmado por Mavila, la corrupción parece ser un problema endémico a nivel nacional y no sólo a nivel local. Unos fiscales reabrieron recientemente una investigación contra Nadine Heredia, la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, por lavado de activos. Por otra parte, el expresidente Alberto Fujimori continúa en prisión por violaciones a los derechos humanos y malversación de fondos, mientras que Alan García, otro expresidente, podría ser condenado por el escándalo de los “narcoindultos”. En septiembre de 2014, el Congreso aprobó levantar cargos contra un tercer exjefe de Estado, Alejandro Toledo, por lavado de dinero y concierto para delinquir.
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