Expectativa en Guatemala por nueva fiscal general escogida por el presidente

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El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha elegido una nueva fiscal general cuya independencia judicial ha sido cuestionada, una decisión que no sorprende, dadas las intensas gestiones de su administración para entorpecer la lucha contra la corrupción.

En un comunicado publicado en una cuenta oficial de Twitter el 3 de mayo, el Gobierno guatemalteco anunció que Morales había elegido a María Consuelo Porras Argueta en remplazo de la actual fiscal general, Thelma Aldana.

“Estoy convencido de que la nueva Fiscal General llena las cualidades profesionales y la idoneidad inherentes al cargo, además que cuenta con un plan de trabajo que le permitirá fortalecer y ampliar las capacidades del Ministerio Público”, escribió Morales en la declaración.

Aldana y su predecesora, Claudia Paz y Paz, adelantaron una labor sin precedentes, que llevó a la investigación de altos funcionarios, exoficiales del ejército y poderes económicos involucrados en corrupción, esquemas criminales y violaciones a los derechos humanos. Antes de la decisión, varios altos funcionarios del Ministerio Público habían renunciado a sus cargos, y hay dudas acerca de si su decisión se dio como respuesta al inminente nombramiento de Porras Argueta como cabeza del más alto organismo fiscalizador del país.

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Porras Argueta, magistrada suplente de la Corte Constitucional de Guatemala, ha estado preliminarmente vinculada a grupos de élite interesados en poner fin a las decididas investigaciones contra la corrupción llevadas a cabo en los últimos años por el Ministerio Público y una misión de apoyo judicial respaldada por las Naciones Unidas, conocida como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pocos minutos después del anuncio de la elección de Porras Argueta, los aliados del presidente comenzaron a expresar la esperanza de que ella pudiera hacer retroceder los avances logrados por su predecesora.

“La nueva fiscal general debe investigar a Thelma Aldana”, dijo el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, en comentarios transmitidos por Canal Antigua.

Aun así, durante el proceso de selección, la nueva fiscal general obtuvo una calificación total de 75 puntos sobre 100, que la ubicó como una de las candidatas más fuertes. Y en una conferencia de prensa, Porras Argueta afirmó que seguiría cooperando con la CICIG.

Por su parte, la CICIG publicó una declaración en la que felicitaba a Porras Argueta y expresaba su “confianza” en que el organismo “continúe trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio Público en el combate a la impunidad, el fortalecimiento de las instituciones de justicia y la cultura de la legalidad en Guatemala”.

Análisis de InSight Crime

El nombramiento de Porras Argueta como nueva fiscal general de Guatemala había sido predicho por muchos analistas que InSight Crime consultó durante los meses que dedicamos a la investigación del proceso —pronósticos debidos sobre todo a los recientes ataques de la administración Morales contra las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG, que han involucrado al presidente y sus aliados—.

A finales de 2017, después del anuncio de la Fiscalía de que adelantaría una investigación en torno a la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Morales en 2016, el presidente desató una crisis política cuando intentó expulsar al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Esa medida no prosperó, pero de todas formas los miembros del Congreso realizaron una votación para blindar a Morales frente a futuras investigaciones e intentaron aprobar una reforma que los protegía a ellos de los enjuiciamientos relacionados con la corrupción. El Congreso se vio obligado a retractarse del llamado “pacto de impunidad”, debido a las generalizadas protestas públicas que se desataron.

El mes pasado, sin embargo, el Ministerio Público y la CICIG revelaron una nueva serie de acusaciones por financiación ilícita de campaña contra Morales y su partido político, el Frente de Convergencia Nacional (FCN). Los líderes empresariales locales emitieron una disculpa pública por su participación en el escándalo, lo que dio crédito a las acusaciones.

Pero en lugar de permitir que la justicia opere, Morales y sus aliados iniciaron un intenso contraataque. Poco después del anuncio de la segunda vuelta de la investigación, Morales publicó un video en Twitter en el que acusaba al Ministerio Público y a la CICIG de “abuso de autoridad, arrogancia y violación de varias de las leyes criminales del país” durante una redada a la residencia presidencial en noviembre de 2016.

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Casi al mismo tiempo surgió una versión extraña e infundada sobre la supuesta influencia rusa en la CICIG, lo que incluso provocó una audiencia oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre el tema. Antes del anuncio del nombramiento de Porras Argueta, algunos de los grupos que más vehementemente se oponían a la labor anticorrupción habían convocado a una marcha el 5 de mayo para exigir la expulsión de Velásquez de Guatemala.

Al parecer, el nombramiento de Porras Argueta puede ser un intento de Morales por fortalecer su posición frente a los diferentes golpes a su legitimidad y su capital político. El presidente ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción, y recientemente perdió un aliado clave: Álvaro Arzú, expresidente del país y poderoso alcalde de Ciudad de Guatemala, quien falleció recientemente.

Aun así, puede que el nombramiento de Porras Argueta represente un nuevo revés para el presidente. Si bien parece que Morales está intentando protegerse de las investigaciones en torno a la corrupción, es posible que Porras Argueta resulte ser más independiente, al igual que Aldana, la actual fiscal general.

Cuando Aldana fue elegida en 2014, InSight Crime consideró que su nombramiento era “un golpe a quienes combaten la impunidad“, pues se creía que ella estaba en deuda con el entonces presidente Otto Pérez Molina y sus redes criminales. Sin embargo, Aldana sorprendió a su jefe, quien actualmente se encuentra encarcelado junto con varios miembros de su antiguo gabinete y otras personas de su gobierno que enfrentan cargos de corrupción.

* Este artículo fue escrito con la colaboración de Felipe Puerta y Héctor Silva Ávalos

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