Expresidente del Banco de Guatemala negocia pena de prisión

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Un expresidente del Banco de Guatemala que admitió haber participado en el blanqueo de US$30 millones no recibirá pena de prisión, un ambiguo resultado que en otras circunstancias habría sido exitoso gracias a los esfuerzos de los fiscales por atacar la corrupción en los niveles más altos de la élite burocrática del país.

Édgar Barquín, expresidente del Banco Central de Guatemala y candidato a vicepresidente en el año 2015, fue condenado el 16 de septiembre a 30 meses de prisión por tráfico de influencias, luego de una investigación conjunta entre el Ministerio Publico (PM) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informó La Prensa Libre.

Sin embargo, Barquín no pagará una pena de prisión. El juez suspendió su condena con base en la recomendación del fiscal general, como parte de una negociación según la cual Barquín admitió ser culpable y aceptó cooperar con los investigadores. El banquero quedó inhabilitado durante cinco años para ocupar cargos públicos o ejercer sus derechos políticos. Según la sentencia de la corte, en caso de que Barquín cometa algún delito durante ese período, la suspensión de su condena le será levantada.

La investigación demostró que Barquín y dos miembros del Congreso, su hermano Manuel de Jesús Barquín y Jaime Martínez Lohayza, hacían parte de una estructura criminal dirigida por Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”. El grupo conspiró para lavar dineros destinados a financiar ilegalmente la campaña presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza en el año 2011.

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El esquema consistía en desviar dineros sucios hacia el mercado financiero legal a través de 200 empresas fachada mediante transferencias de dinero en más de 10 países, informó la Agencia EFE. La investigación permitió hallar evidencias de 686 transferencias internacionales, para un total de 225 millones de quetzales —el equivalente a US$30 millones— entre 2008 y 2014. Pero la cantidad total de dinero lavado a través del esquema, según los informes, podría ser de unos US$120 millones.

El crimen de Barquín consistió en advertirle a Chico Dólar sobre las posibles investigaciones y luego ayudarle al financista de la campaña a evadir las pesquisas sobre ganancias económicas.

Análisis de InSight Crime

Este ambiguo resultado permite predecir cómo serán las cosas en lo que se refiere a los casos de corrupción que se adelantan actualmente contra funcionarios públicos.

En otras palabras, el hecho de que los fiscales guatemaltecos apoyados por la CICIG hayan logrado una condena contra el expresidente de un importante banco es una muestra más de los avances en los agresivos esfuerzos de las autoridades para poner fin a la impunidad de la que habitualmente gozan los funcionarios corruptos de Guatemala. Pero el hecho de que el acusado haya logrado evadir su condena y obtener una amonestación menor arruina ese logro.

El apoyo de la CICIG en los esfuerzos contra la impunidad en Guatemala definitivamente ha marcado una diferencia, aunque los avances de la comisión internacional han sufrido altibajos desde su creación en 2007, como lo ilustra la forzada dimisión del expresidente Otto Pérez Molina y la sentencia absolutoria de uno de sus predecesores, Alfonso Portillo.

Sin embargo, falta ver qué tipo de cooperación ofrecerá Barquín luego de de su declaración de culpabilidad, y al jurado le tocará decidir si la indulgencia otorgada a este funcionario de alto nivel es una injusticia para con Guatemala.

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