El expresidente del congreso Pedro Muadi acompaña ahora al expresidente y la exvicepresidenta de Guatemala en custodia policial, acusado de malversar dineros del Estado, en el resultado más reciente de los actuales esfuerzos por enfrentar la corrupción estatal.
Muadi se entregó esta semana a las autoridades después de haber sido acusado de la malversación hasta de US$81.000 en dineros del Estado, informó Prensa Libre. Según las investigaciones del Ministerio Público y el organismo de lucha contra la impunidad avalado por la ONU, la CICIG, los delitos tuvieron lugar entre 2013 y 2014, cuando Muadi era presidente del Congreso.
El dinero se hizo pasar por varias cuentas a nombre de Muadi informando costos adicionales por salarios de 15 guardas de seguridad contratados, según Prensa Libre. Los guardias aceptaron firmar contratos en los que el Congreso les pagaba salarios de unos US$1.037. En realidad, Muadi pagaba a los guardias la cuarta parte de ese dinero, y hacía que un colaborador transfiriera el resto a las cuentas personales de Muadi.
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El arresto de Muadi hace parte de una investigación más amplia bajo la dirección del Ministerio Público y la CICIG sobre la creación de empleos inexistentes en el Congreso. Según la CICIG, puede haber hasta 25 de estas plazas "fantasmas". ElPeriodico informó que hasta el momento se ha puesto bajo arresto a 32 personas en la investigación, incluyendo los guardias de seguridad y personal del congreso.
Análisis de InSight Crime
El arresto de Muadi es otra señal de los esfuerzos que adelantan las autoridades guatemaltecas para tomar medidas de peso contra la corrupción, aunque implique a altos funcionarios, incluyendo a Muadi, quien anteriormente gozaba de impunidad judicial.
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Los parlamentarios no son los únicos que tienen a los investigadores siguiéndoles los pasos: la semana pasada se supo del arresto de un alcalde local por la malversación de hasta US$1 millón en fondos del municipio. Otro alcalde fue arrestado el 30 de octubre por acusaciones de corrupción, acusado de malversar más de US$500.000.
Las acciones de Muadi son una señal de que anteriormente era una creencia generalizada en Guatemala que en términos generales las élites políticas eran invulnerables a los procesos judiciales. Este mal uso generalizado de los dineros públicos, mediante la manipulación de contratos, es una de las razones por las que se ha afirmado que Guatemala funciona como un estado mafioso. El Índice de Transparencia Legislativa en Latinoamérica para 2015 refleja esto, cuando afirma que los niveles de transparencia en el Congreso de Guatemala apenas alcanzan un 46 por ciento.
Con la ayuda de la CICIG en el cambio de esta tendencia de impunidad generalizada, tal vez no deba sorprender que El Salvador, vecino de Guatemala, haya rechazado la creación de un ente similar. Así mismo, posiblemente como retaliación a esta corrupción profundamente arraigada en la política guatemalteca, el fin de semana anterior el país eligió como nuevo presidente al comediante de derecha Jimmy Morales, quien no tiene experiencia previa en el gobierno.
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