El expresidente y la ex vicepresidenta de Guatemala —quienes ya están detenidos por su participación en otro escándalo de corrupción— han sido acusados de dirigir un esquema en el que recibieron millones de dólares de una empresa española.
Durante su mandato, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti crearon una estructura criminal para lavar el dinero que recibieron por los sobornos a la constructora de contenedores portuarios Grup TCB, según informó la fiscalía general de Guatemala, conocida como el Ministerio Público.
La investigación se llevó a cabo en colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por la ONU.
Según los investigadores, Molina y Baldetti nombraron varios colaboradores en altos cargos dentro de una empresa estatal que administra el Puerto Quetzal, el más grande en la costa del Pacífico de Guatemala. En 2012, estos colaboradores contactaron a la empresa española Grup TCB para negociar un contrato de 25 años por valor de US$255 para construir y administrar un nuevo terminal en el Puerto Quetzal. Pero con el fin de asegurarse el contrato, Grup TCB tuvo que pagar más de US$25 millones en sobornos.
En cierto momento, la empresa española propuso pagar una parte de los sobornos mediante acciones de la compañía. Sin embargo, según el director de la CICIG, Molina y Baldetti fueron insistentes en la recepción de los pagos en efectivo, los cuales tendrían que ser cancelados antes del final del mandato de Molina, en octubre de 2015, informó elPeriódico.
Según el Ministerio Público, el secretario personal de Baldetti, Juan Carlos Monzón, cumplió el papel de mensajero entre la compañía española y las autoridades guatemaltecas. También jugó un papel decisivo en el pago de sobornos de por lo menos cinco millones de quetzales (aproximadamente US$646.000 a la tasa de cambio de hoy) para los líderes sindicales del Puerto Quetzal, a cambio de su colaboración. Tres líderes sindicales han sido detenidos en relación con la investigación.
Grup TCB, finalmente, hizo dos pagos, uno a finales de 2013 y otro a principios de 2014, para un total de poco más de US$12 millones. Molina y Baldetti recibieron aproximadamente US$4.2 millones de este dinero en efectivo, según el Ministerio Público.
El tercer pago, que vencía a principios de 2015, nunca se realizó porque el Ministerio Público y la CICIG habían revelado su investigación por el esquema de sobornos aduaneros que terminó por obligar al presidente y a la vicepresidenta a renunciar.
El Ministerio Público emitió órdenes de arresto contra nueve personas en relación con este esquema, y mencionó a 18 colaboradores, entre ellos cinco que se encuentran fuera de Guatemala.
Análisis de InSight Crime
Este caso es un ejemplo de cómo el gobierno de Guatemala fue por mucho tiempo un estado mafioso, con lucrativos contratos utilizados como instrumentos de negociación para aumentar la riqueza de las élites. Estos tejemanejes no se limitaban a la rama ejecutiva de Guatemala, sino que en ellos también participaban el instituto nacional de seguridad social y algunos políticos locales.
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Con la revelación de esta última investigación, la CICIG y el Ministerio Público continúan su campaña para exponer las profundidades de la corrupción en Guatemala. Pero reunir las pruebas necesarias para construir estos casos es sólo el primer paso —queda por ver cómo las muchas investigaciones de la CICIG serán llevadas a cabo en la corte—.
Tanto Baldetti como Molina actualmente se encuentran detenidos en prisión preventiva en Guatemala, acusados de dirigir una red de sobornos aduaneros conocida como La Línea.
La investigación de Grup TCB se sumará a sus problemas legales, junto con la posibilidad de que otros de sus antiguos cómplices decidan colaborar con los fiscales. Tal fue el caso del exsecretario de Baldetti, quien tuvo un rol clave tanto en Grup TCB como en los esquemas de la Línea.
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