El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue arrestado en Miami y podría ser extraditado para responder por múltiples cargos en su país natal, en un momento en que se ciernen nubes negras sobre el futuro de la cooperación entre Estados Unidos y Centroamérica en la lucha contra la impunidad.

Los alguaciles estadounidenses arrestaron a Martinelli cerca de su residencia de Miami el lunes en la noche, atendiendo a una orden de captura provisional emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó el Miami Herald.

La orden fue emitida en respuesta a la solicitud formal de extradición sobre Martinelli enviada por Panamá en septiembre de 2016, por acusaciones de haber espiado ilegalmente a más de 150 personas durante su periodo en la presidencia, de 2009 a 2014. El mes pasado, hubo reportes de que Interpol había expedido un edicto de arresto para Martinelli por cargos de espionaje.

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Además de las denuncias de intervención telefónica, Martinelli ha sido acusado por lo menos de otros seis delitos cometidos durante su mandato, según La Estrella.

Además, en su periodo como presidente, las élites panameñas recibieron supuestamente decenas de millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ahora en el centro de un escándalo de corrupción multinacional. El asunto Odebrecht ha enredado a dos de los hijos de Martinelli, quienes ahora también son buscados por Interpol.

Por mucho tiempo el expresidente ha negado las denuncias, haciéndolas pasar como persecución política y tácticas de distracción de los problemas de su exvicepresidente y actual jefe de estado, Juan Carlos Varela.

Sin embargo, la inocencia que Martinelli pregona se puso en duda por su huida de Panamá apenas unas horas antes de que la Corte Suprema anunciara la apertura de una investigación por su posible participación en un esquema de corrupción.

Según CNN en Español, las autoridades estadounidenses sospechaban que Martinelli podía escapar, por lo que decidieron arrestarlo un día antes de lo planeado. El expresidente compareció en la corte el martes, y las audiencias sobre su extradición continuarán en los próximos días.

El portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, divulgó un comunicado de los abogados defensores del expresidente, en el que se afirma que el exmandatario enfrenta un “proceso político”.

Comunicado del equipo de defensa del ex presidente Martinelli en Panamá. pic.twitter.com/mH3BUnBDtZ

— Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) June 13, 2017

Análisis de InSight Crime

La manchada reputación de Martinelli hace parte de una ola de casos de corrupción de alto perfil que han sacudido al istmo centroamericano en los dos últimos años, incluyendo al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, actualmente sometido a juicio junto con su exvicepresidenta por un sinnúmero de acusaciones de corrupción. Los últimos tres presidentes salvadoreños han sido acusados de corrupción, uno de ellos fue arrestado, mientras que el último presidente de Honduras enfrenta acusaciones de tener nexos con narcotraficantes.

Esta cadena al parecer interminable de denuncias y acciones judiciales son evidencia del profundo arraigo de la corrupción en estos países y señales alentadoras de que el poder judicial de la región está trabajando para llevar ante la justicia a los miembros corruptos de la élite.

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La oportunidad de Panamá de procesar finalmente a su expresidente ha sido lenta en llegar, en parte por el refugio seguro que él —como muchos otros miembros corruptos de la élite— ha gozado por años en el sur de la Florida. Para las autoridades estadounidenses se ha vuelto rutina ignorar su deber de negar visas a funcionarios que enfrentan acusaciones penales en sus países de origen, según una investigación realizada en 2016 por el Miami Herald. (Martinelli al parecer ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante antes de instalarse prontamente en un condominio de lujo en Miami.)

Aun cuando el eventual arresto de Martinelli puede interpretarse como un ejemplo positivo de la colaboración entre Estados Unidos y Centroamérica, este se da en un momento en que la ayuda estadounidense contra la corrupción a sus vecinos centroamericanos atraviesa un terreno pantanoso. InSight Crime ya había informado que los agentes políticos están presionando a la administración Trump para que siga apoyando los esfuerzos contra la corrupción en la región. Sin embargo, la Casa Blanca ha propuesto un recorte de casi 30 por ciento en la financiación para ayuda a Centroamérica —un dinero que según los expertos requieren estos países para seguir mejorando sus instituciones de justicia y de seguridad.

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