La lista de acusaciones contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli está creciendo rápidamente, y el tema de las interceptaciones telefónicas ilegales es la más reciente acusación de sus enemigos políticos, quienes intentan elaborar un caso según el cual Martinelli habría presidido un régimen criminal.
El 8 de junio, la Corte Suprema de Panamá anunció que está investigando al expresidente Martinelli por “inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad”, así como por peculado, abuso de autoridad, infracciones contra la seguridad informática y asociación ilícita.
Según informes de la BBC, Martinelli, presidente de Panamá entre 2009 y 2014, es sospechoso de ordenar interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas de políticos y empresas, incluyendo altos miembros de la oposición política —el Partido Revolucionario Democrático— y José Luis Varela, hermano del actual presidente Juan Carlos Varela. El procurador general de Panamá estima que más de 150 personas fueron espiadas ilegalmente.
Los investigadores afirman que los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá realizaron las interceptaciones telefónicas, y dos exdirectores de dicha entidad fueron detenidos en enero en relación con el caso.
Martinelli, quien salió de Panamá en enero y se cree que vive en Miami, Florida, niega las acusaciones y afirma que es víctima de “persecución política”, por parte del “vengativo” presidente Varela.
Análisis de InSight Crime
Desde que asumió el cargo, el presidente Varela ha dirigido una serie de pesquisas sobre la administración de Martinelli. Ello incluye una investigación al Programa de Ayuda Nacional (PAN) de Panamá (un programa de bienestar del gobierno) en la que se alega que funcionarios del PAN y miembros de la administración de Martinelli inflaron contratos artificialmente y aceptaron sobornos de empresas de licitación. Decenas de congresistas están bajo sospecha, al igual que el exsecretario privado de Martinelli.
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Recientemente, el ex vicepresidente Felipe Virzi también fue detenido por presuntamente recibir sobornos de un lucrativo contrato para construir un sistema de riego. Además, un juez de la Corte Suprema nombrado por Martinelli fue condenado a prisión en marzo, después de que fuera hallado culpable por cargos de corrupción.
No obstante, la intensa rivalidad entre Martinelli y Varela plantea dudas sobre las motivaciones de las investigaciones, así como sobre la integridad de las afirmaciones de Varela de que su intención es luchar contra la corrupción, cuando el mismo Varela ha estado vinculado previamente al lavado de dinero.
Sin embargo, las investigaciones continúan avanzando y generan preguntas acerca de si la administración Martinelli operó como un régimen esencialmente criminal, con funcionarios del gobierno abusando de su poder para espiar a los enemigos y robar dinero para enriquecimiento personal.
Tal posibilidad contrasta levemente con los crecientes gastos en seguridad durante la administración Martinelli y su apoyo al fortalecimiento de la policía. También hay evidencia que sugiere que los niveles de violencia de Panamá se redujeron durante su mandato. Sin embargo, las pandillas y la presencia de grupos del crimen organizado trasnacional en Panamá siguen planteando una grave amenaza.
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